El Poder Judicial, incapaz de nombrar a los presidentes de tres tribunales

Las presidencias de los Tribunales Superiores de Valencia, País Vasco y Cataluña seguirán en manos de jueces conservadores después de que el pleno del Consejo del Poder Judicial se mostrara incapaz ayer de nombrar a sus relevos. Y eso que el mandato de los actuales presidentes -Juan Luis de la Rúa (Valencia), Fernando Ruiz Piñeiro (País Vasco) y Mercedes Alegret (Cataluña)- expiró hace muchos meses.

El mandato de De la Rúa, a quien el presidente de Valencia, Francisco Camps, definió en vísperas del caso Gürtel como "más que amigo", expiró hace siete meses tras diez años al frente del Superior de Valencia. Y los de Ruiz Piñeiro (el juez que abrió diligencias a Ibarretxe y Patxi López por dialogar con Batasuna) y Alegret acabaron hace 13 y seis meses, respectivamente. Todos pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.

De la Rúa seguirá como presidente en funciones durante varios meses más El Consejo cubre vacantes en cuatro salas del Tribunal Supremo

"En los nombramientos de estos tribunales estamos de acuerdo en que hay desacuerdo". Esta frase de un vocal del Consejo radiografía la actual incapacidad del órgano de gobierno de los jueces para designar a los sustitutos de De la Rúa, Ruiz Piñeiro y Alegret. Ninguno de los aspirantes a estos importantes tribunales logró, tras varias votaciones, el mínimo de 13 votos necesarios para ser elegidos. La consecuencia inmediata es que el Poder Judicial tendrá que volver a sacar estas plazas a concurso y repetir el proceso, que puede durar tres o cuatro meses. Hasta cuatro votaciones se realizaron en el pleno para tratar de designar al sustituto de De la Rúa al frente del Tribunal Superior de Valencia, en este momento la vacante más codiciada para los vocales conservadores y progresistas. Ambos grupos disponen de nueve votos cada uno, del total de 21 posibles. Los tres restantes votos están en manos de los nacionalistas vascos y catalanes (un vocal cada uno) y el presidente, Carlos Dívar.

La ausencia de consenso en ambos grupos posibilitará previsiblemente que De la Rúa (que seguirá en funciones) intervenga en un asunto que su tribunal tiene ahora sobre la mesa: si admite a trámite la querella que han interpuesto los socialistas de Valencia contra 17 altos cargos del PP de esa comunidad, entre ellos, Francisco Camps, por supuesta financiación ilegal de este partido.

El Consejo hizo ayer un extraño movimiento. En Navidad, progresistas y conservadores acordaron -en una especie de plenillo que celebran representantes de ambos sectores para consensuar los asuntos que elevan al pleno- designar a la juez progresista María Ibáñez como presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Pero dentro del sector del Consejo afín a Jueces para la Democracia salieron voces contrarias a Ibáñez. Alegaron que, a la postre, la designación de Ibáñez implicaría tener que dejar en manos del sector conservador el nombre del sustituto de De la Rúa para el Tribunal Superior. La sorpresa saltó ayer, puesto que fue nombrada una juez conservadora, Carmen Llombart, como nueva presidenta de la Audiencia de Valencia. Para este cargo bastan 11 votos (mayoría simple). Dado que este nombramiento no estaba pactado, fuentes del Consejo dan por seguro que ha habido vocales progresistas (o afines a éstos; el voto es secreto) que apoyaron a la juez Llombart y no a la candidata progresista. Y ha sido a cambio de nada, ya que la designación de Llombart no implica la renuncia de los conservadores a elegir también al sustituto de De la Rúa.

Donde sí hubo ayer consenso entre ambos grupos fue en la elección de cuatro vacantes del Tribunal Supremo. Así, Rafael Gimeno-Bayón fue nombrado magistrado de la Sala Civil; Carlos Lesmes, de la Sala de lo Contencioso; Manuel Alarcón, de la Sala de lo Laboral, y Francisco de Mendoza, de la Sala de lo Militar.