Medio millar de jueces piden la independencia y "despolitización" de su órgano de gobierno

La "contaminación política" late como causa del bloqueo que nuevamente sufrieron ayer las designaciones de altos cargos para varios tribunales. Hartos de "injerencias", medio millar de jueces de las distintas asociaciones se han adherido a un manifiesto que desde hace dos meses reclama la "despolitización" e "independencia" del Poder Judicial. Según ellos, la "ocupación progresiva" de la magistratura que en 1985 "inició el poder político dominante aún no se ha detenido" y amenaza "la democracia misma y el sistema de división de poderes previsto en la Constitución".

Es la primera vez que la judicatura mueve ficha en defensa de sus intereses a través de un comunicado, aunque sea de consumo interno. Lo hace con la propuesta de un "gran pacto de Estado" para restituir las competencias de un Poder Judicial que se confiesa "controlado y manipulado hasta extremos democráticamente intolerables". Las críticas se centran en el Consejo, un órgano de gobierno supuestamente autónomo que, sin embargo, el manifiesto dibuja como un "puro retrato en miniatura de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento". No en vano son las Cortes las que eligen a sus 20 vocales.

La cuestión toma cuerpo justo en un momento en el que la "intromisión política" ahoga al Consejo General del Poder Judicial, incapaz de llegar a acuerdos ante el desencuentro de sus sectores conservador y progresista. Entre las demandas planteadas por los jueces destaca, precisamente, la elección democrática de todos sus órganos de gobierno: jueces decanos, presidentes de audiencias, de tribunales superiores y los 12 vocales de procedencia judicial que integran el Consejo del Poder Judicial. Un regreso, en definitiva, a los derechos que el tercer poder del Estado ostentaba antes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

El manifiesto, que ha obtenido ya el respaldo de tres asociaciones judiciales, reclama también la conservación por parte de los jueces de las "competencias estrictamente jurisdiccionales" y la "instrucción del proceso penal", en detrimento de los secretarios judiciales y del Ministerio Fiscal respectivamente.