Carpetazo judicial al robo de 12 kilos de cocaína en el cuartel de O Grove
La investigación declara "la imposibilidad de determinar el autor del delito"
El titular del juzgado número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, firmó el pasado lunes el auto de archivo de las diligencias que se incoaron un año antes, cuando se descubrió la desaparición de 12 kilos de cocaína en el cuartel de la Guardia Civil de O Grove. A petición del fiscal del caso, el magistrado tomó esta decisión tras una larga investigación y "ante la imposibilidad de determinar el autor o autores del delito por falta de pruebas", según indicaron fuentes judiciales.
Desde un primer momento, las pesquisas se dirigieron hacia varios albañiles de una empresa de construcción y otros operarios, como electricistas y fontaneros, que trabajaron en las obras de reforma que se acometieron en estas dependencias policiales, poco ante de producirse el robo. Uno de ellos, M.P.N., de 38 años, vecino de O Grove, fue el único imputado en esta investigación y hasta el lunes se encontraba en libertad con cargos, aunque en el juzgado declararon otros cinco posibles sospechosos del robo. En su primera comparecencia en el juzgado, el albañil se preguntaba por qué le habían echado el muerto si con él "trabajaron más de una docena de personas".
Se sospechó de unos albañiles que trabajaron cerca de la droga depositada
Paralelamente a la instrucción penal, el departamento de asuntos internos de la Guardia Civil abrió una investigación. El asunto salpicó de lleno a los mandos del cuartel, el sargento y un cabo, que fueron expedientados por falta disciplinaria muy grave ante el incumplimiento de los protocolos en el almacenaje de la droga. Pero el cierre en falso del caso podría derivar en otras medidas administrativas por negligencia, incluso más severas, por los flagrantes errores que se cometieron en la custodia de la cocaína desde el mismo día que llegó al cuartel.
La cocaína sustraída formaba parte de un fardo de 20 kilos que había arrastrado la marea hasta la playa de A Lanzada, en agosto de 2007, días después de la espectacular persecución de una lanzadera que participaba en el desembarco de un alijo de cuatro toneladas que fue arrojado al mar, al verse sorprendidos sus tres tripulantes por un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera. Antes de abandonar la lancha, que varó en este arenal concurrido de bañistas, los marineros le prendieron fuego para no dejar huellas. El fardo, una vez pesado, se guardó como prueba de cargo del sumario abierto contra la red de transportistas detenidos posteriormente como responsables del alijo y que pertenecían a la organización que dirigía desde Cambados Rafael Bugallo, O Mulo.
Por aquellos días, el sargento al mando se encontraba de permiso y el agente que se encargó de su custodia lo dejó en una de las dependencias del sótano para que se secara. Allí quedó al menos dos meses, hasta que uno de los agentes lo trasladó de lugar cuando vio el fardo en la misma habitación donde trabajaban los albañiles, los principales sospechosos. Cuando el paquete se volvió a pesar, faltaba casi la mitad de su contenido. Para entonces, la cocaína, con un 90% de pureza, ya había llegado al mercado y se había vendido a un precio muy por debajo de su valor real, unos 400.000 euros, según la investigación de la unidad de asuntos internos de la Guardia Civil.
Así se cierra uno de los capítulos más insólitos del narcotráfico, que ha puesto en evidencia los fallos en la cadena de custodia de los alijos y la falta de depósitos judiciales que garanticen la seguridad del almacenaje de la droga aprehendida. De hecho, el incidente de O Grove no es un caso aislado. Casi por las mismas fechas, en septiembre de 2007, se descubrió la desaparición de 154 kilos de cocaína en la Jefatura de Policía de Sevilla, pero en esta ocasión, con implicaciones penales para los responsables de la brigada de la Udyco.
Algunas dependencias, como ha sido el caso del cuartel de O Grove, no reúnen las condiciones requeridas para garantizar la cadena de custodia de la droga. Para evitar estos incidentes, a instancias de la Fiscalía Antidroga de Pontevedra se ha propuesta la concentración de todos los alijos en sedes centralizadas, "dotadas de mayores garantías de seguridad y adoptando siempre las medidas oportunas para la diferenciación de cada uno". Desde la fiscalía también se han reclamado instalaciones adecuadas para las embarcaciones que son requisadas a los narcotraficantes. Actualmente, lanchas nodriza y planeadoras de toda índole empleadas por las organizaciones quedan depositadas en lugares variopintos, desde naves o garajes, e incluso en la misma vía pública.
