Del "avance" a la "imposición"

Todos los periódicos gallegos publicaron una foto el 23 de febrero de 2007. Aparecía la que por entonces era conselleira de Educación, la socialista Laura Sánchez Piñón, junto con diputados de los tres partidos parlamentarios (PSdeG, PP y BNG). Todos estaban sonrientes, celebrando que después de cinco reuniones y varias semanas de negociación habían logrado un acuerdo para regular el uso del gallego en las aulas. Dos años y once meses después, el pasado jueves por la noche, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, decía en un programa del canal ultraconservador Intereconomía lo siguiente: "Hemos hecho unas bases, un documento abierto, lo contrario que el anterior, que se impuso sin consultar a nadie".

Los populares dicen que se descolgaron porque el bipartito no contaba con ellos

Entre ambas escenas han pasado muchas cosas. Desde el día en que la representante de educación del PP, Manuela López Besteiro, dijo que "el decreto supone un avance para el gallego que garantiza el equilibrio con el castellano" hasta que Feijóo era entrevistado en un programa cuyo presentador aseguró que "decenas de miles de extremistas y radicales se manifestaron en Galicia en contra de la libertad" hubo, entre otras cosas, un cambio de Gobierno. Pero el cambio de postura del PP se gestó en cuatro meses; los que fueron desde aquel febrero, hasta la aprobación del decreto del gallego que hoy está en vigor.

Antes de eso, en las reuniones previas a la rueda de prensa conjunta de los tres partidos, hubo "largas conversaciones" marcadas siempre por "un clima de consenso", recuerda Sánchez Piñón.

Las mayores discrepancias estaban entre el PP y el BNG. Por eso, los primeros lo presentaron como un acuerdo de máximos y los segundos como uno de mínimos. "Nosotros queríamos más horas en gallego, pero entendimos que era importante llegar a un consenso", explica el nacionalista Bieito Lobeira. Roberto Castro, uno de los representantes del PP, lo ve de forma distinta: "Fuimos de buena fe, pero nos dimos cuenta de que los nacionalistas aspiraban al 100% en gallego y eso no nos parecía razonable". Tras cinco reuniones sí estaban de acuerdo en el borrador. Cuando surgieron discrepancias, siempre acudieron al Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego en 2004. Por eso, esa norma es un anexo del decreto en vigor y por eso se estableció finalmente un mínimo del 50% de clases en gallego.

Consiguieron el acuerdo y la foto. Justo después comenzó la tramitación de la norma, que pasó por la Mesa Sectorial de Educación, con el apoyo de todos los sindicatos; por el Consello Escolar, con el apoyo de padres y alumnos y por el Consello Consultivo de Galicia, un órgano no vinculante que se mostró en contra de algunos aspectos del texto.

Fue ese informe el principal argumento del PP para rechazar la norma. "Había tres aspectos muy importantes para nosotros: no se respetaba el principio de libertad de dirigirse a los profesores en el idioma que los niños quieran, no se garantizaban las competencias en castellano y no se respetaba la acogida de los niños en su lengua materna", explica Besteiro. Los otros dos partidos, sin embargo, no sospechaban que el desmarque pudiese suceder. "En esos meses se hicieron cambios en función de recomendaciones del Consello Consultivo y el Escolar. En total, 30, algunos eran pequeños matices, pero siempre respetando la base de lo acordado", dice la ex conselleira.

A la pregunta de cuál fue el cambio determinante en esos meses para que se rompiera el acuerdo, cada uno responde una cosa. Piñón no llega a entenderlo: "Hubo un consenso modélico". Lobeira argumenta que la presión al PP de algunos medios estatales conservadores fue muy fuerte. Los populares echan la culpa a otra presión: la de "los nacionalistas al PSdeG".

La armonía entre los tres partidos terminó la mañana del 28 de junio, cuando la Xunta aprobó el decreto en una reunión en la que tanto el presidente, Emilio Pérez Touriño, como otros conselleiros felicitaron a Piñón por el consenso logrado. Pero el PP se borró. Besteiro explica por qué: "Nos pasaron el último documento unos minutos antes de aprobarlo y no teníamos tiempo de reaccionar. Nos dimos cuenta de que no contaban con nosotros".