LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL 'CASO ALCAUCÍN'

"Que el promotor me pague en B, que me hace mucha falta"

El ex alcalde encargaba informes falsos a un arquitecto de la DiputaciónEl arquitecto Mora engañaba a sus clientes con licencias de obra falsas

Cuando se habla de corrupción urbanística en la provincia de Málaga, en seguida viene a la mente el enladrillamiento salvaje de la Costa del Sol, con Marbella o Estepona como ejemplos de un sofisticado saqueo en el que los delincuentes se rodean de lujo y su botín queda a buen recaudo en paraísos fiscales. Sin embargo, algunos pueblos del interior rural, como Alcaucín, han padecido también su ración de depravación política. Las formas son más toscas -160.800 euros bajo el colchón del alcalde, no en las Islas Caimán- pero el daño al territorio, en forma de cientos de viviendas ilegales desgraciando un paisaje privilegiado, es también palpable.

El sumario del caso Arcos, sobre la corrupción en Alcaucín, localidad de 2.500 habitantes en la comarca de la Axarquía, revela cómo el ex alcalde socialista, José Manuel Martín Alba, más conocido por su apodo de cantaor, Pepe Calayo, cometió supuestamente una multitud de trapicheos urbanísticos. Con la ayuda de José Chiqui Mora, jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña, el regidor certificó que en distintas parcelas del municipio había ruinas -que no existían en la realidad- para poder levantar chalés sobre los falsos restos, única forma de que la construcción fuera legal. También falsificó la fecha de expedientes para legalizar casas.Los favores no eran gratis. En una conversación grabada por la Guardia Civil, Chiqui Mora y el alcalde hablan de certificar como reforma de unas ruinas lo que en realidad era una vivienda de nueva planta. En un momento, Chiqui dice: "Pero Pepe, si esa casa no existía (...) que [los promotores] paguen lo que tengan que pagar (...) 1.000, 2.000 euros, págalos, que te has hecho una casa por la cara, coño". El regidor contesta: "Para poderse empadronar, a esa casa, que no estaba ahí antes hay que darle un número legal". Y el arquitecto Mora zanja: "¡Que lo pague y a tomar por culo! Que me pague en B, que me hace mucha falta".

Chiqui Mora es un personaje central en la trama axárquica. En el auto por el que Irene Urbón, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, le envío a prisión, se lee que "existen indicios" de que "habría recibido del alcalde (...) sin pasar por el registro de entrada de la Diputación (...) el encargo de elaborar informes sobre cumplimiento de normativa urbanística para la concesión de licencias, que habría realizado con un contenido falso y cobrando por ello".

Se dan varios ejemplos de este fraude: el promotor Francisco Llamas reconoció haber pagado al menos en una ocasión 3.000 euros al técnico de la Diputación por un informe favorable a la construcción de 61 apartamentos en una parcela destinada a viviendas unifamiliares. En el registro de su despacho, la Guardia Civil halló plantillas para falsificar licencias de obras del Ayuntamiento de Alcaucín. "Era un burdo montaje para que mis clientes siguieran ilusionados y creyeran que las licencias estaban concedidas", reconoció Mora en su declaración ante la juez Urbón.

En los cinco mandatos que Pepe Calayo fue alcalde, con mayorías cada vez más absolutas, en Alcaucín se construyeran 1.064 viviendas ilegales, según la contabilidad de los ecologistas basada en fotos por satélite. El regidor hacía (y en ocasiones cobraba) pequeños favores que permitían a los promotores hacer grandes negocios. El promotor José Manuel Rico adquirió por 180.300 euros en 1999 un olivar. Cinco años más tarde, lo vendió por 6,77 millones a un grupo de empresas, pese a que la finca seguía siendo no urbanizable. Según la juez instructora, el empresario "por su amistad con el alcalde contaba con información privilegiada" y sabía que en el siguiente Plan General de Ordenación Urbana, el olivar iba a ser reclasificado como suelo urbanizable. Alrededor de estos suelos se hicieron negocios por 27 millones de euros, según los investigadores.

De momento, Pepe Calayo ha dicho que los 209.300 euros que se le han intervenido, la mayoría debajo de un colchón, son fruto de su trabajo "como alcalde, albañil y artista".

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Un plan urbanístico contra la ley

Después de haber permitido que en su municipio se levantaran varios cientos de chalecitos en suelo rústico, muchas veces camuflados como naves de aperos agrícolas, el alcalde de Alcaucín trató de darles carta de naturaleza. Para ello encargó a un equipo de arquitectos una "Innovación de las Normas Subsidiarias en los suelos anejos al núcleo".

Esta documento fue elaborada por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación de Málaga y venía firmado por un arquitecto cuyo nombre no consta, aunque la Guardia Civil está convencida de que se trata del inevitable Chiqui Mora. El documento fue aprobado por el Ayuntamiento en diciembre de 2006 y remitida a la Junta de Andalucía en septiembre de 2007. El visto bueno autonómico nunca llegó. En abril de 2008, la Junta emitió un bofetón en forma de dictamen: "La Memoria del documento carece del mínimo rigor necesario, incumpliendo de forma flagrante y directa distintos preceptos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y del Reglamento de Planeamiento".

El alcalde estaba muy molesto por las visitas que el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil había realizado a su municipio en los meses anteriores. El 14 de enero de 2009, José Manuel Martín Alba recibió una llamada de la delegada de la Consejería de Vivienda de la Junta en Málaga, Josefa López. Esta llamada fue escuchada por los investigadores del caso Arcos. Según un resumen que hace la Guardia Civil en el sumario, la delegada le dijo al regidor que se había reunido con el Seprona y que había pedido a este cuerpo "que colaboren realizando informes pero que no denuncien las situaciones irregulares que observen". Los agentes hacen la siguiente valoración: "Parece que pretenden controlar la actuación de la Guardia Civil desde los estamentos políticos".

Josefa López asegura que "en ningún momento se ha obstruido la labor del Seprona ni se les ha pedido que no actúen". La delegada explica que esta conversación se enmarca en el convenio de colaboración que estaban preparando la Junta y el Ministerio del Interior para que el Seprona avise a los alcaldes y a la Junta de las irregularidades que observen, pero que "en ningún momento se le dice a la Guardia Civil que no denuncie lo que tenga que denunciar".

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez

Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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