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El fiscal pide cárcel al juez Urquía por vender favores judiciales

El magistrado está acusado de pedir ocho millones para levantar un embargo

El magistrado Francisco Javier de Urquía se enfrenta a una petición del fiscal de dos años de cárcel, multas que superan los ocho millones de euros y 21 años de inhabilitación para el cargo de juez por dos delitos de prevaricación judicial y otros dos de cohecho que supuestamente cometió cuando instruía el caso Hidalgo. Según el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Urquía, "aprovechando su competencia como instructor de la causa, se puso de acuerdo con [sus amigos] Igor Mier y Arnaud Fabrice Albouhair (...) para obtener algún beneficio económico importante a cambio de ofrecer favores judiciales".

En su escrito, el fiscal cuenta el chantaje al que supuestamente fue sometido el empresario británico David Shamoon, imputado en el caso Hidalgo de blanqueo de capitales, que Urquía investigaba cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga). Shamoon, dueño de los lujosos hoteles Puente Romano y Marbella Club, tenía intención de vender el primero de estos establecimientos. Sin embargo, la venta no era posible porque Urquía había intervenido estos bienes y prohibido a Shamoon disponer de ellos.

Entre abril y septiembre de 2007, los amigos del magistrado contactaron hasta en nueve ocasiones con el entorno de Shamoon para ofrecer al empresario que Urquía levantara la intervención judicial a cambio de una cantidad que arrancó en cinco millones de euros y acabó en ocho. Primero Albouhair se reunió con Philippe Junot, ex marido de Carolina de Mónaco y amigo de Shamoon para transmitirle la oferta. Ante la negativa del hotelero, Albouhair se hizo a un lado y dejó a Mier la voz cantante.

En varias de las entrevistas, que fueron grabadas, Mier y Albouhair demostraron que tenían acceso al juez Urquía citando aspectos muy concretos del sumario, que por entonces estaba secreto. En su primer encuentro, Albouhair entregó a Junot una nota manuscrita -supuestamente por Urquía aunque éste lo niega- en la que figuran datos del hotel que el empresario quería vender y el nombre del comprador. Shamoon destruyó este papel, sin embargo, quedaba una copia, que se creía perdida y que Junot encontró entre sus documentos y que aportó a la causa en enero de 2009. Esta nota fue clave para imputar al juez Urquía.

Tras el estallido del caso Hidalgo, en abril de 2007, Urquía nombró a Andrés Parejo, hombre de confianza de Shamoon en Marbella, administrador interino de las empresas del empresario británico. Sin embargo, en mayo, el magistrado nombró a otro administrador, Alfonso López-Pozas, y fijó para él unos honorarios de 63.350 euros mensuales, así como una comisión del 1% sobre cualquier venta de sus empresas. El fiscal considera que la "verdadera finalidad" del nombramiento del nuevo y caro administrador "era la de conseguir de David Shamoon una contraprestación económica a cambio del levantamiento".

Urquía y Albouhair también están acusados de repartirse 60.000 euros que otro imputado del caso Hidalgo, Azan Khan, entregó bajo cuerda para librarse él y su familia de ir a prisión.

Segundo juicio

- El Tribunal Supremo condenó a Urquía en abril de 2009 a 21 meses de suspensión del cargo de juez y multa por cobrar 73.800 euros de Juan Antonio Roca por prohibir un programa de televisión que molestaba al cerebro de la corrupción marbellí.

- Urquía llevaba suspendido cautelarmente desde julio de 2007, por lo que pidió el reingreso en la carrera judicial en mayo de 2009. El Consejo del Poder Judicial se lo denegó porque los antecedentes penales derivados de esta causa siguen vigentes hasta marzo de 2012.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de enero de 2010

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