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La contratación de dos directores reaviva el enfrentamiento entre PSE y PP en Vitoria

La bronca entre el equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Vitoria y la oposición, comandada por el PP, volvió ayer a vivir un nuevo episodio ante la acusación de fraude de ley en la contratación de los directores de Deportes y Servicios Sociales. Por su parte, el concejal de Función Pública, Joaquín Esteban, respondió a la edil popular, Marian Castellanos, con la acusación de que su gestión en el anterior equipo de gobierno, "le está costando al Ayuntamiento un millón de euros", en referencia a un conflicto con las educadoras infantiles que perdió el consistorio.

Los hechos se remontan al nombramiento por parte del equipo de gobierno de los directores de Deportes y Servicios Sociales, Mikel Hoyos y Sol Pérez de La Peña, respectivamente. Un informe de la Secretaría General reseñaba que estas dos personas no cumplían los requisitos para ocupar esos puestos. Hoyos, por no disponer de la titulación necesaria; De la Peña, por provenir de otra institución, la Diputación Foral.

Joaquín Esteban explicó ayer que el equipo jurídico del Ayuntamiento había respaldado con sendos informes la legalidad de estas dos contrataciones y se remitió a la ausencia de corpus normativo municipal. El concejal responsable de Función Pública defendió las capacidades de estos dos funcionarios públicos para ejercer en sus puestos. La oposición le recordó que esta decisión se encontraba en el límite legal. "Se les ha ido un poco la mano; cuando alguien coge la legalidad para darle la vuelta, se llama fraude de ley", sentenció Antxon Belakortu, de EA. "El tratar de utilizar los resquicios de la ley para lo que no permite la normativa, se llama apaño socialista", apostilló Marian Castellanos, quien criticó que estas irregularidades son práctica habitual en el Ayuntamiento.

Se refería al asesor personal del alcalde, José Manuel Farto, sancionado por no abstenerse en la adjudicación de un proyecto a una empresa en la que tuvo intereses.

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