La juez dispone ya de las pruebas decisivas sobre el espionaje a Cobo

Un año después de que este diario destapara el espionaje político por agentes del Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), a dirigentes de su partido afines a Mariano Rajoy, la juez del caso tiene a su alcance dos pruebas que pueden resultar definitivas para el esclarecimiento de los hechos. Telefónica ha remitido a la juez los listados sobre el posicionamiento en abril de 2008 de los teléfonos móviles de ocho subordinados del consejero de Interior, Francisco Granados, sospechosos de los seguimientos a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico al que destituyó Aguirre semanas después del espionaje, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

La inminente petición de imputación por la Fiscalía contra José Manuel Pinto, agente identificado por una doble prueba pericial contratada por este diario como autor de las notas manuscritas de los partes del espionaje, puede cerrar el círculo. La juez sólo ha pedido de momento informes grafológicos de los tres ex guardias civiles que hicieron los seguimientos -y de quien presuntamente se los ordenó, su ex director general Sergio Gamón-, pero no escribieron sobre los partes. Esos informes han dado negativo.

El grupo acusado de espiar ha sido desmantelado. Nadie "contravigila" ya

Pinto y Palomo están de baja desde que estalló el caso hace un año

Un año después del escándalo, Aguirre no ha destituido a nadie, a pesar de que anunció medidas enérgicas si se demostrase que alguien espió desde su Gobierno. El informe de la policía sobre los posicionamientos telefónicos lo probó ya meses atrás. Los rastros de los móviles de los espías, correspondientes a mayo de 2008, evidenciaron que tres ex guardias civiles, acompañados por al menos tres ex policías, todos asesores o cargos de confianza de Granados y Gamón, estuvieron vigilando al minuto cada paso público y privado que daba Prada.

La ubicación de sus teléfonos coincidían al 100% con la ruta que dibujaban los espías en sus partes mecanografiados de los seguimientos. Los tres ex guardias confesaron a la juez, acusados de malversación, lo que su consejero y su ex director negaron hasta la saciedad: habían seguido a Prada durante semanas, incluidos sus desplazamientos a Chinchón y Brea de Tajo. Reconocieron que mintieron a la policía en su declaración inicial. Y para demostrar que ahora sí decían la verdad aclararon que tales seguimientos se los ordenó Gamón -imputado-, aunque alegaron que eran contravigilancias, no espionaje.

Pero Gamón, al ser interrogado les desmintió, y les dejó sin coartada jurídica. Negó que les hubiera ordenado seguir a Prada y que su departamento tuviera competencias para realizar contravigilancias. En suma, sus agentes habrían practicado tal seguimiento ilegal por su cuenta. Esto ha causado un hondo malestar en los ex guardias que, según diversas fuentes, confiesan a sus íntimos que se sienten traicionados por su jefe tras cumplir sus órdenes. Y, además, en fuentes de la investigación se da por hecho que el delito de malversación, si no se prueba que recibieron órdenes, podría recaer sólo en ellos por dedicar su jornada oficial a actividades ajenas a su labor legal. Gamón no sólo desmintió a sus subordinados, sino a su consejero, Granados, que venía diciendo que las contravigilancias eran una práctica legal heredada, algo desmentido por sus funcionarios y antecesores en el cargo.

Los expertos policiales consultados por EL PAÍS coinciden en que es imposible una contravigilancia legal como la practicada un mes o dos sobre Prada: sin alertar a su escolta ni al protegido, sin competencias legales, lejos de su despacho y casa, sin armas...Mientras llega el análisis policial encargado por la juez sobre los datos telefónicos de abril de 2008, clave para probar el espionaje al vicealcalde Manuel Cobo que reflejan los partes, o la pericial a Pinto, una realidad ya ha cambiado en la Consejería de Interior: su presunto aparato de espionaje se ha desmantelado. Su cabeza visible, Gamón, anda en labores tan desconocidas para sus compañeros de consejería como bien remuneradas, con un equipo del que todavía cuelgan dos de sus fichajes, los ex policías Belén Espartero y Roberto Casielles, los únicos del núcleo investigado por espionaje que siguen disponiendo de autonomía y no están encuadrados en tareas transparentes en la estructura oficial. El ex número dos de Gamón, Miguel Castaño, cuyo móvil aparecía en seguimientos a Prada, sigue en igual puesto con el hoy director general, Enrique Barón. Un cuarto policía que solía participar en los marcajes, José Manuel Rodríguez, regresó al cuerpo tras saltar el escándalo. Los tres ex guardias civiles que siguieron a Prada hoy elaboran planes de seguridad para entidades autonómicas.

Y Pinto y su inseparable compañero José Palomo, ambos investigados por la juez, están supuestamente de baja desde que se destapó el escándalo. Granados ha declinado precisar a este diario la situación y labor de estos dos agentes por entender que se trata de asuntos personales.