El problema islandés

No hemos terminado de ver todas las consecuencias de la crisis financiera desencadenada en EE UU en el verano de 2007. Además de las pérdidas de bienestar asociadas al estancamiento y la elevación de la tasa de paro hasta niveles sin precedentes en muchos países, otros afrontan episodios de inestabilidad política igualmente excepcionales. Es el caso de Islandia. La aceptación de las exigencias de indemnización a depositantes británicos y holandeses tras la quiebra de uno de sus bancos online, el Icesave (la marca en Internet del Landsbanki), es el asunto sobre el que se acaba de convocar a referéndum a la población del país nórdico. Ello ha tenido lugar tras la negativa del presidente del país a aceptar la propuesta del Gobierno que aceptaba el pago a los Gobiernos británico y holandés que habían asumido los depósitos de sus ciudadanos.

El origen del problema no es otro que esa pretensión por obtener rendimientos diferenciales. La codicia es legítima, pero cegadora, como la crisis financiera iniciada en 2007 está todavía demostrando. En un contexto de amplia movilidad y acceso a los mercados financieros globales, los bancos islandeses ofrecían elevados tipos de interés a los depositantes internacionales, superiores en todo caso a los ofrecidos en países como el Reino Unido y Holanda, donde dos de los bancos captaron la mayoría de sus depósitos.

Los pasivos crecieron hasta niveles superiores al 50% del PIB islandés porque aun cuando se pagaran tipos elevados, éstos eran inferiores a los vigentes en Islandia, cuya economía soportaba una política monetaria estricta, con el fin de domeñar una tasa de inflación relativamente elevada. Esos pasivos se añadían a los captados en el igualmente expansivo mercado interbancario internacional. Ambas fuentes de depósitos alimentaron muy elevados ritmos de crecimiento de la inversión crediticia de los bancos islandeses. La deuda de las familias en aquel país alcanzó el 200% de la renta disponible, muy superior, por ejemplo, a las excepcionales que estaban vigentes al inicio de la crisis en EE UU o España.

Cuando llegó la crisis se bloquearon, como a muchos otros bancos, las posibilidades de renovación de los depósitos mayoristas y a los problemas de liquidez sucedieron los de solvencia. Las reclamaciones de los depositantes holandeses y británicos fueron cubiertas por sus Gobiernos. Ahora éstos reclaman al de Islandia. Son 3.900 millones de euros (el 50% del PIB del país) los que podrían llegar a pagar los contribuyentes de ese país con 317.000 habitantes, a 12.000 euros per cápita.

Si antes no media negociación entre los tres Gobiernos, el desenlace puede llegar a tener consecuencias inquietantes, si se deja que sea el resultado del referéndum el que decida. Un precedente con el que ni los Gobiernos ni las agencias multilaterales (como el FMI, que antes o después tendrá que ayudar a ese país) deberían encontrarse cómodos. Es razonable, por tanto, buscar una salida negociada, mejor con un mediador europeo, que maneje argumentos más matizados que la simple amenaza de no pagar o la de exclusión de las instancias internacionales, acceso a la UE incluido, con las que intimidan británicos y holandeses. Al tiempo, convendría incorporar en las nuevas regulaciones la cobertura de ese agujero regulador y supervisor que la emergencia de este problema ha denunciado. -