Aguirre amplía la consideración de autoridad pública a los profesores de la privada

Los centros privados creen que sus profesores ya estaban protegidos

La Comunidad de Madrid anunció ayer que amplía la condición de autoridad pública a los docentes de la enseñanza privada. La futura Ley de Autoridad del Profesor, que empezó como un proyecto para los centros públicos, se extenderá a los docentes de colegios e institutos privados (unos 8.000 trabajadores de los 67.000 de Madrid). Disfrutarán de la presunción de veracidad -su palabra prevalece sobre el resto- y podrán adoptar medidas cautelares "provisionales" contra los alumnos que incumplan las normas. La medida del Gobierno de Esperanza Aguirre, que cosecha críticas y aplausos casi a partes iguales, no tiene peso en el ámbito judicial.

La versión de los profesores no valdrá más ni la pena que le corresponde al que le agreda será mayor de lo que es ahora, de momento, si el asunto acaba en los tribunales. Ese cambio sólo se puede hacer desde el Gobierno central, lo que ha provocado que sindicatos como CC OO y UGT consideren la normativa un "paripé" y "un compendio de las normas que ya están en marcha y que no innova nada".

"La autoridad hay que ganársela, pero un respaldo viene bien", dice FSIE
"Esta medida es un paripé sin valor jurídico", señala CC OO

El Consejo Escolar recomendó en su informe sobre el anteproyecto de ley (no vinculante) que el texto incluyera a los profesores de centros privados. Así lo pidió uno de sus miembros, la federación de centros católicos de enseñanza (Fere), patronal mayoritaria en los centros concertados que pasan a ser privados cuando los alumnos alcanzan el Bachillerato. "Lo reclamamos porque no tiene sentido que en un mismo edificio trabajen profesores con funciones similares y distintos derechos", justifica Emilio Díaz, representante de Fere en Madrid.

La propuesta se aprobó con casi todos los votos a favor. Los representantes de la Comunidad de Madrid fueron los únicos que votaron en contra de ampliar el estatus a los profesores de la privada en el pleno del Consejo Escolar del pasado lunes. Temían posibles inconvenientes jurídicos que, según indicó ayer la consejera de Educación, Lucía Figar, no se dan. Figar espera que la nueva normativa permita a los docentes "ejercer su labor en mejores condiciones". Y ahí es justo donde arrancan las dudas de algunos sectores.La previsión del Gobierno regional es que el texto, tras pasar por la Asamblea de Madrid, entre en vigor en marzo. Una vez en marcha, tendrán que desarrollar un reglamento en el que se prevén sanciones más duras para quienes atenten contra los profesores. El anteproyecto, de momento, amplía su condición de autoridad fuera de los colegios, en actividades extraescolares, en el comedor o en el autobús escolar.

La ampliación de beneficiarios no entusiasmó ayer a todos los sectores implicados. Acade, patronal mayoritaria de la enseñanza privada, cree que la medida "no supone un cambio sustancial". Los centros privados, según la patronal, "poseen reglamentos de régimen interno que regula las relaciones con las familias y en los que, generalmente, ya se contemplan refuerzos a la autoridad del profesor". Ven "positivo" que se refuerce su figura, igual que el resto de portavoces, que alaban el mensaje pero piden más medios.

"La autoridad hay que ganársela en las aulas, pero un apoyo siempre viene bien", valora José María Rodríguez, de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), con representación en privada y concertada. FSIE es uno de los implicados que intentó dar un paso más en la futura ley. La federación reclamó que se amplíe el reconocimiento al personal administrativo de los colegios (PAS). Pero su propuesta, de momento, no ha prosperado.

Los más críticos con el texto son los sindicatos CC OO y UGT, que reclaman medidas más profundas. Piden aumentar medios económicos y materiales e incrementar las plantillas, entre otras solicitudes. Esa fue su primera valoración cuando la presidenta Esperanza Aguirre anunció esta propuesta en septiembre. Y la repitieron al conocer que los presupuestos de Educación para 2010, con 4.779 millones, bajan un 1,1% respecto al año pasado.

"No vale actuar sólo sobre las consecuencias, hay que trabajar también con las causas", resume Paco García, secretario de Enseñanza de CC OO en Madrid. "Si los profesores no reciben otro tipo de apoyos, a la larga se le responsabilizará de los fracasos porque son quienes tienen la autoridad", añade Eduardo Sabina, secretario de Acción Sindical de UGT.

Ambos sindicatos, con la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos y dos concejales presentaron un texto alternativo en la reunión del lunes del Consejo Escolar. Su análisis se basa en que el anteproyecto de ley de Aguirre "utiliza una terminología jurídica evidente y es carente de cualquier propuesta educativa". Acusan al Gobierno regional de "lanzar una campaña propagandística de apoyo a un profesorado que, con el anteproyecto en la mano, seguirá en las mismas circunstancias".

El Código Penal que contempla penas de prisión de dos a cuatro años en caso de agresión a una autoridad pública. Incluir a los profesores en ese grupo "sólo lo puede hacer el Gobierno central, lo demás es un paripé sin valor jurídico", añade Carmen Perona, de los servicios jurídicos de CC OO. De hecho, la figura de autoridad docente es uno de los temas pendientes en el futuro pacto educativo que el ministro Ángel Gabilondo debate con las comunidades autónomas y que cuenta con el respaldo del PP tras el primer gesto impulsado por Aguirre.

También la oposición criticó ayer el alcance del anteproyecto. PSOE e IU lo consideran insuficiente y falto de consenso. Los socialistas critican que el texto "no vaya acompañado de una memoria económica" y no contemple "aspectos tan fundamentales como mejorar las condiciones laborales de los profesores y de los centros", según una nota del PSOE.

Para IU, un mayor reconocimiento de los docentes pasa "por prestar más apoyo a los profesores y dotar a los centros de más recursos educativos para prevenir los posibles problemas de convivencia antes de que se produzca un conflicto", valoró ayer la diputada Eulalia Vaquero en declaraciones a Europa Press.

El rango de autoridad pública para los profesores no es una figura novedosa. Tanto La Rioja como la Comunidad Valenciana lo contemplan en sendos decretos. Cataluña sí lo ha incluido dentro de una ley educativa regional, pero sólo en el caso de los directores. También hay avances en el ámbito judicial. La Fiscalía General del Estado señaló en una circular de diciembre de 2008 que una agresión a un profesor debe considerarse como atentado a una autoridad pública, aunque su texto no reconoce como autoridad a los docentes de concertada ni de la enseñanza privada a los que Aguirre acaba de incluir en su ley.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 15 de enero de 2010.

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