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Editorial:

'Efecto Le Pen' en Vic

El temor a candidaturas xenófobas no justifica, sino agrava, la discriminación de los 'sin papeles'

Los daños colaterales de la recesión económica, como la competencia entre los más menesterosos por unas prestaciones públicas siempre insuficientes, pueden agudizarse en las localidades con más población inmigrante, sector social doblemente golpeado por la destrucción de empleo precario y la carencia de las redes familiares de las que sí gozan muchos de los nacionales. Desde hace años, el reto de preservar la convivencia entre la población autóctona y la foránea se somete a prueba casi a diario en la ciudad de Vic (Barcelona), con un 24% de habitantes extranjeros de casi 90 nacionalidades distintas. Un verdadero polvorín étnico que, con la espoleta de la crisis, lo último que necesita es que sus gobernantes enciendan la mecha del estallido social. Justo lo que ha hecho el Ayuntamiento de Vic al anunciar, primero sin tapujos y luego mediante subterfugios de falsa apariencia jurídica, que negará el empadronamiento a los inmigrantes que no tengan sus papeles en regla.

A falta de permisos de trabajo o residencia, el padrón es el único registro que garantiza a todos los habitantes de un municipio, extranjeros incluidos, el acceso a servicios públicos tan básicos como la educación, la sanidad o la atención social. Impedir el empadronamiento de un inmigrante sin papeles, o ponerle trabas disuasorias como la amenaza de delatarle ante la policía, equivale, por tanto, a negarle unos derechos fundamentales sólidamente amparados por el Tribunal Constitucional. La iniciativa de este Consistorio catalán, como ha denunciado con firmeza el Gobierno, simplemente no cabe en la legislación en vigor. Otra cosa es que, en caso de sufrir este atropello, algún extranjero se atreva a denunciar al Ayuntamiento ante la justicia. Si el objetivo de los gobernantes locales era transmitir a los inmigrantes que no son bien recibidos en Vic, el daño ya está hecho.

Pero todo indica que al equipo de gobierno, con un alcalde de CiU coaligado con el PSC y ERC, le interesa más conquistar el voto racista que controlar los flujos migratorios. No en vano esta población es el cuartel general del ultraderechista Josep Anglada, concejal de Vic y líder del partido abiertamente xenófobo Plataforma per Catalunya, que en las últimas elecciones obtuvo 17 ediles en toda Cataluña. Como le sucedió a una parte de la derecha francesa tras el ascenso del ultra Jean-Marie Le Pen, los partidos que gobiernan en Vic pretenden frenar el auge de las listas xenófobas al precio de abrazar sus postulados. Lo que, lejos de justificarla, agrava su conducta. Y, aunque críticas con esta medida, las cúpulas de estos partidos tampoco han forzado su retirada, acaso para no irritar al electorado receptivo a tales mensajes.

El filósofo vigitano Jaume Balmes definió la razón como "un monarca condenado a luchar de continuo con las pasiones sublevadas". Si quien debe domeñar las pasiones se empeña en azuzarlas, la convivencia estará en un serio peligro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 13 de enero de 2010