El alcalde promotor de Tui negocia con la Xunta su plan de urbanismo

Antonio Feliciano Fernández Rocha, alcalde de Tui imputado desde hace dos años por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, contra la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico, se entrevista hoy con el conselleiro de Medio Ambiente, Transportes e Infraestructuras, Agustín Hernández, para buscar una solución al plan general de urbanismo de la localidad, sucesivamente rechazado en la última década por los conselleiros Xosé Cuiña, Alberto Núñez Feijóo y María José Caride por no atender las modificaciones requeridas por la Xunta para su aprobación.

La falta de plan general está impidiendo el desarrollo urbanístico de la localidad, sembrado por eso mismo de irregularidades y de procedimientos judiciales contra el alcalde y sus adláteres. Fernández Rocha es apoderado de la principal promotora local, el Grupo Protuyvi, que engloba varias empresas con esa dedicación y del que es administrador único José Antonio Fernández Estévez, hijo del alcalde.

Ambos, el aparejador municipal, José María Melero, el ex arquitecto y dos ex secretarias municipales así como un agente forestal, comparten la imputación -recurrida ante la Audiencia Provincial, que aún no se pronunció al respecto- de los delitos que se citan al principio, según el auto judicial, por modificar la corporación local "determinados aspectos de la normativa municipal, favoreciendo con ello, de forma deliberada, los proyectos de la empresa Promociones Tuyvi".

Demolición

Esta propensión a mezclar los negocios privados -de la familia y amigos- con la gestión pública es la causa principal de que Tui siga sin disponer de un plan general de urbanismo, según las fuentes consultadas por este periódico. Fernández Rocha, y por extensión el grupo popular que encabeza, se han limitado en la tramitación municipal a simular que seguían las indicaciones requeridas por la Xunta en lo relativo, fundamentalmente y sin ánimo exhaustivo, a edificabilidades (que incrementan caprichosamente), a zonas verdes (sin correspondencia con la edificabilidad y computando al efecto calles peatonales, la superficie de fuentes o el mismo monte Aloia), o a suelo industrial, que se quiere extender como un anillo en torno a la parroquia de Ribadelouro.

Mientras se ha tramitado de esa manera el plan general, el casco histórico ha quedado fuera de ordenación y, como consecuencia, sin acceso a las ayudas que, como ámbito de tal condición, le corresponden. El efecto más impactante de esa política se resume en el edificio Beira Miño, un bloque de unas 40 viviendas que se construyó con licencia municipal en "zona de respeto histórico-monumental" pese a las cinco órdenes de paralización de la Dirección Xeral de Patrimonio Histórico que, obviamente, no fueron atendidas. En 2005 el Tribunal Supremo eximió al alcalde de responsabilidad penal por no encontrarle "ánimo de delinquir", pero el asunto sigue pesarosamente vivo.

Al margen del procedimiento penal, en el administrativo el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó hace un mes otra sentencia de tres años antes que incluye una sanción al Ayuntamiento de 105.100 euros por su actuación en ese caso, "así como la obligación de reparar y restituir las cosas a su estado anterior", esto es, la demolición del edificio. Curiosamente, el Ayuntamiento sólo recurrió contra la multa. Ahora Fernández Rocha acude a la Xunta en busca de ayuda y orientación.