Entidades de Vic piden que no se excluya a los 'sin papeles' del padrón

Unas 40 entidades cívicas, asociaciones de inmigrantes y sindicatos de Vic reclamaron ayer una reunión urgente con el equipo de gobierno del Ayuntamiento (formado por CiU, el PSC y ERC) para exigir que retire su negativa a empadronar a inmigrantes en situación irregular. Las entidades, entre las que figuran Càritas, Cruz Roja, Veus Diverses, CC OO y UGT, no descartan convocar movilizaciones.

Pese a las reiteradas afirmaciones del Consistorio de que las medidas que piensa aplicar a partir del mes que viene se ajustan a la legalidad, las entidades alertan de que los nuevos criterios dejan a los inmigrantes en una situación de indefensión y recuerdan que el padrón es imprescindible para acceder a servicios públicos como la sanidad y la educación.

El alcalde replicó ayer a Corbacho que no está bien informado

El mismo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ha tachado de ilegal la iniciativa del Ayuntamiento de Vic. Ayer el Colegio de Abogados de Barcelona reiteró que la medida que plantea Vic es "ilegal y discriminatoria". En un comunicado, el colegio alertó de que no respeta el marco jurídico y vulnera los derechos de las personas.

El alcalde y su equipo, con todo, siguen enrocados. Flanqueado por sus socios, Josep Maria Vila d'Abadal (UDC) reiteró a mediodía su voluntad de seguir adelante con los nuevos criterios de empadronamiento. El edil se ampara en una reciente modificación de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros, la ley 2/2009 de 11 de diciembre, según la cual los extranjeros extracomunitarios que quieran entrar en España tendrán que acompañar "de forma imperativa" de un visado el pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad. Vic entiende que si ésta es la "documentación legalmente" exigida por el Estado, también tiene que ser la que ellos exijan a la hora del padrón. Vila d'Abadal respondió al ministro Corbacho que no está bien informado.En una comparecencia convocada de urgencia, el alcalde de Vic argumentó que el objetivo del cambio en el sistema de empadronamiento es "poner orden y hacer cumplir la ley", lo cual entiende que es necesario y "un bien para todos los ciudadanos". La medida se aplicará a partir de febrero y no tendrá carácter retroactivo ni afectará a las personas que lleguen al país por la vía del reagrupamiento familiar. El objetivo es frenar el 2% de casos irregulares que se detectan actualmente. Casos reales, dijo, que ha registrado la Oficina de Acogida de Vic, como intentar empadronarse con un pasaporte falso o de personas que se han presentado en distintos días con pasaportes de varias nacionalidades.

Vila d'Abadal explicó que el Ayuntamiento verificará con sus propios medios los datos facilitados en las solicitudes de padrón. Si éstos no cumplen los requisitos, se comunicarán al interesado las razones de la denegación del empadronamiento, sobre la que se podrá recurrir. El alcalde lamentó la desinformación existente en la cuestión y se mostró convencido de que cuando el ministro Corbacho conozca la voluntad del Ayuntamiento, se saldarán los problemas.

El edil también cargó contra los "errores del sistema" e instó al Gobierno central a ponerles remedio. Puso como ejemplo la posibilidad de acoger en el país a personas sin permiso para trabajar y se preguntó: "¿Cómo podemos incorporarlos a nuestra sociedad si no pueden trabajar?". Vila d'Abadal reconoció que no son temas que les competan, "pero nos afectan y tenemos que denunciarlos", añadió.

La oposición en el Ayuntamiento de Vic, formada por ICV y la CUP, rechaza, como las entidades cívicas, los nuevos criterios de empadronamiento y reclamará mañana en el pleno su retirada. La sexta formación con representación en el municipio, la xenófoba Plataforma per Catalunya, de Josep Anglada, aplaude la medida y velará para que se aplique pronto.

Después de que las direcciones del PSC y ERC se desmarcaran el viernes de la decisión de sus concejales, ayer se pronunció Convergència i Unió. La postura de los dos partidos de la formación conservadora evidenció su discrepancia. Mientras que en una nota la permanente del comité de gobierno de Unió pidió "respeto por la decisión del Ayuntamiento de Vic sobre la cuestión de la inmigración extranjera y el empadronamiento" y niega que sea una medida "xenófoba", la dirección de Convergència exigió al consistorio "que cumpla la ley".

"Hay que ser estricto con el padrón, pero hay que respetar la legalidad para no dejar a ningún ciudadano desamparado", manifestó el número dos del partido, Felip Puig. "Desde el respeto por la autonomía municipal, estamos seguros de que hoy darán explicaciones y cumplirán con la legalidad", aventuró Puig poco antes de la comparecencia de Vila d'Abadal. La nota de Unió, por su parte, también se refiere a la "soberanía" de los ayuntamientos y recuerda que son los gobiernos locales los que deben afrontar las consecuencias de la llegada de sin papeles, cuando es el Gobierno central el que tiene las competencias en inmigración.

También la dirección de ICV reiteró sus críticas al Ayuntamiento de Vic. El secretario general ecosocialista, Joan Herrera, calificó de "segregación" la actitud de la ciudad con los inmigrantes y advirtió de que será beligerante en la defensa de los derechos fundamentales. Por parte del Partido Popular, su portavoz de Inmigración en el Congreso, Rafael Hernando, llamó cínicos a CiU y el PSC por negar el padrón a los sin papeles cuando estos partidos han apoyado la reforma de la Ley de Extranjería, que a su juicio "favorece e incentiva" su llegada a España.

Quien celebró abiertamente la decisión del Consistorio de Vic fue el presidente de los populares en el Ayuntamiento de Badalona, Xavier García Albiol. "Es hora de que algún ayuntamiento de Cataluña empiece a actuar con seriedad y responsabilidad" en materia de inmigración ilegal, señaló, tras criticar que los inmigrantes en situación irregular accedan a los servicios sociales. Es una "tremenda injusticia social" que inmigrantes ilegales y locales estén en la misma lista de espera para operarse, manifestó García Albiol.