Vergüenza

Primero fue Italia en la persecución de la inmigración, le siguió Suiza con el "no" a los minaretes, ahora es el turno del Ayuntamiento de Vic, que siguiendo estos "malos ejemplos" impulsa una medida que impedirá empadronar a las personas irregulares y a sus familias, restringiendo el acceso a derechos básicos y fundamentales como la salud, los servicios sociales y la educación. Este apartheid jurídico es la clara expresión de lo que no queremos en Cataluña, una tierra de acogida y que ha demostrado su solidaridad en la construcción de un proyecto común para todos.

A pesar de que en el 2003 el pleno del Ayuntamiento de Vic rechazó de forma contundente una propuesta de la xenófoba Plataforma per Catalunya en la que se solicitaba al Consistorio que entregara a la Subdelegación del Gobierno en Barcelona "las fotocopias de los pasaportes de aquellos extranjeros empadronados en Vic y de los que el Ayuntamiento tenga indicios de que no son residentes legales", hoy se convierte ese mismo Ayuntamiento en perseguidor y denunciante, rol lamentable para un municipio democrático.