Los deberes del juez del 'caso Palau'

Han pasado más de cinco meses desde que los Mossos registraron el Palau de la Música, lo que fue el feudo de la familia Millet. Hoy ya no lo es. El nuevo equipo gestor ha logrado despojar a la institución de la enraizada estructura de los Millet, que colocaron en sitios clave a la familia, lo cual permitió a Fèlix Millet, que tiene que presentarse hoy ante el juez junto a su mano derecha, Jordi Montull, manejar a su antojo el dinero que circulaba por las entidades que gestionan el Palau. Los nuevos directivos han puesto en marcha una nueva organización. Lo que se antojaba más complicado, renovar el Palau, avanza.

Sólo falta una cosa: que en el Palau sólo vuelva a hablarse de música. Para ello, la sociedad civil que ha participado en el gobierno de la entidad y que ha asistido boquiabierta al espectáculo de los últimos meses, opina que primero debe avanzar la instrucción del juez Julio Solaz. Pero los peritos judiciales todavía no han acabado el informe sobre la entidad.

Los saquedadores efectúan hoy su comparecencia mensual ante el juez

El patrimonio aportado al juez no basta para responder de la exacción

La lentitud de los trabajos impide que los auditores del Palau hayan podido acceder a 20 cajas de documentos y soportes informáticos. Entre estos papeles y ordenadores están los que se llevaron los Mossos en julio, pero también los que los gestores entregaron al juez. Se trata de máquinas que poseían personas clave cercanas a Millet.

Hasta que no termine el informe del juez, los auditores de Deloitte no podrán completar el informe que elaboraron y que cifraba el desvío de fondos de Millet en hasta 24,5 millones de euros. De éstos, los auditores y abogados del Palau desconocen el destino de al menos 10 millones. Pero, además, el acceso a esa información tampoco permite cruzar datos que quedaron por verificar y que no se incorporaron al informe. Una tarea que desde el entorno del Palau se califica de "prioritaria".

Pero hasta donde han podido llegar las auditorías, queda acreditado que Millet dejó un agujero de al menos 3,4 millones. Así lo ha determinado la Intervención de la Generalitat, cuyas conclusiones, según fuentes judiciales, no pueden ser consideradas un "informe de parte". Después de que se ratificaran los análisis de las cuentas, los abogados del Palau y de la Generalitat esperaban que Millet fuera imputado por malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, además de por apropiación indebida y falsedad documental. No ha sido así.

Estas fuentes explican que Millet pidió que los 3,6 millones que aportó para restituir el patrimonio del Palau fueran al consorcio, lo cual interpretan como la búsqueda de un atenuante para una posible acusación por malversación de fondos públicos. Era demasiado tarde, porque el juez ya había ordenado que se repartieran entre las tres entidades.

El juez se ha dirigido a los servicios jurídicos de la Generalitat para saber qué cantidad del dinero desviado por Millet era público. La respuesta, según el consorcio, es rotunda: todo el dinero de la entidad es público, puesto que está participada al 100% por administraciones y debe considerarse "sector público".

A la vista de las auditorías del Palau y de la Generalitat, el patrimonio que aportó Millet al juzgado es insuficiente para responder a esas cantidades. Sin embargo, el juez tampoco ha exigido la ampliación de bienes como garantía ni ha planteado el retorno a España del dinero que Millet tenía depositado en Suiza. Las propiedades de la esposa de Millet, Marta Vallès, tampoco han sido reclamadas, a pesar de que puso en venta una casa del barrio de Tres Torres. Los asesores del Palau consideran que deberían formar parte de las garantías, ya que la investigación ha puesto de manifiesto que parte del dinero se desvió a empresas a nombre de Vallès y de la mujer de Jordi Montull.

Sin embargo, la parte que está más verde es la trama política. Àngel Colom, dirigente de Convergència Democràtica (CDC) y fundador del PI, sigue sin responder a los requerimientos del Palau sobre los 12,5 millones de pesetas (75.000 euros) que cobró como presidente de una fundación que todavía no se había constituido. Sin embargo, el abogado Raimon Bergós enseñó a este diario una factura en la que constan dos pagos de 75.000 euros, uno de los cuales Colom ahora desmiente. Bergós, también imputado, se niega ahora a facilitar ese documento al Palau.

A lo largo de las pesquisas han ido apareciendo indicios que apuntan a la financiación de partidos. Así lo sostenía un anónimo de una persona que se identificaba como ex trabajador del Palau y que el juez incluyó en el sumario. Y así constaba en documentos hallados en un domicilio de Montull, en los que se relacionaba la urbanización de L'Ametlla del Vallès con el pago de comisiones. Para rematarlo, todavía Millet no ha aclarado por qué el dinero que destinó a la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, salió de la caja B del Palau, puesto que, de los 630.000 euros que recibió la entidad, los abogados y auditores sólo han hallado 90.000 justificados en la contabilidad oficial. Del resto, ni rastro.