La CEOE cierra filas con Díaz Ferrán por segunda vez en sólo dos semanas

El aparato de la patronal CEOE tuvo ayer que salir en defensa de su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, por segunda vez en los últimos 15 días. En una inusual declaración telefónica a los medios, el portavoz oficial manifestó "el apoyo explícito de la práctica totalidad del comité ejecutivo y de la mayoría de las organizaciones territoriales y sectoriales" a su presidente.

Díaz Ferrán daba respuesta a las presiones recibidas en los últimos días para que dimita tras conocerse el impago de un crédito de 26,5 millones de euros con Caja Madrid y, sobre todo, tras el cierre de la aerolínea Air Comet, de la que es presidente, y que ha dejado miles de pasajeros en tierra y 666 despidos. Díaz Ferrán reiteró que no piensa dimitir.

Los empleados de Air Comet reclaman a Fomento que les recoloque

La organización sale en defensa de su presidente, aunque en esta ocasión no se ha reunido el comité ejecutivo ni Díaz Ferrán ha puesto su cargo a disposición de la cúpula como sí hizo el pasado 16 de diciembre, tras conocerse sus problemas con Caja Madrid y antes del cierre de Air Comet el pasado 21. Muchos de los responsables de esas organizaciones desconocían ayer que el portavoz iba a hacer esas declaraciones de apoyo. Según éste, están justificadas por el respaldo unánime que recibió el presidente el pasado día 16.

Casi en paralelo a estas declaraciones, se rompió el silencio que ha reinado hasta ahora entre los dirigentes empresariales. Jesús Bárcenas, presidente de CEPYME, declaró a la SER que "si estuviera en su lugar, habría dimitido hace tiempo". Bárcenas es uno de los vicepresidentes de la CEOE, el único que lo es en razón de su cargo de presidente de los pequeños empresarios. Desde que Díaz Ferrán asumió la presidencia de la CEOE, el enfrentamiento con Bárcenas ha sido público y notorio.

El líder de CEPYME explicó a este periódico que en sus declaraciones hacía una reflexión personal, y no hablaba en nombre de su organización. Recalcó que no pedía la dimisión de Díaz Ferrán al que, por otra parte, le ha dado su apoyo en esta crisis.

Por otro lado, el presidente de la patronal lucense, Eduardo Jiménez, insinuó que Díaz Ferrán puede verse obligado a dimitir si no logra separar la gestión de sus empresas de la de la patronal.

Según el portavoz de la CEOE, el apoyo a Díaz Ferrán se basa en que los empresarios valoran la actitud que tuvo en julio al negarse a firmar un acuerdo en el diálogo social cumpliendo así el mandato de la cúpula, lo que, a su juicio, ha supuesto un desgaste "personal y profesional". Se muestran también solidarios "porque hay muchos empresarios que atraviesan problemas similares" por la crisis.

Las críticas a Díaz Ferrán como empresario y líder de la patronal arreciaron otra vez ayer en la calle. Unos 300 trabajadores de Air Comet se concentraron ante el Ministerio de Fomento para reclamar al Gobierno su recolocación en otras aerolíneas, de la misma forma que se hizo con la mayoría de los afectados por el cierre de Air Madrid en 2006. El comité de empresa quiere que Fomento vincule la adjudicación de la explotación de los derechos de vuelo (slots) que operaba Air Comet a la contratación de sus trabajadores.

En caso de que no se constituya una mesa negociadora, los trabajadores de Air Comet volverán a concentrarse frente a Fomento el 12 de enero y ante el palacio de la Moncloa el día 15. Prevén acudir también a la sede de la CEOE el 10 de enero, día en que se iniciarán las negociaciones del diálogo social con sindicatos y Gobierno.

Fomento había convocado al comité de Air Comet para una reunión informativa, que finalmente no se efectuó. Un portavoz de los trabajadores sostiene que el ministerio sólo había avisado al personal de vuelo, mediante el sindicato SEPLA, y que el resto se enteró de la convocatoria tras la concentración.

El ministerio insistió en que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la compañía está siendo tramitado por la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Los trabajadores temen que un ERE de extinción, unido a la tramitación del concurso de acreedores, retrase el pago a los empleados durante más de un año, cuando la mayoría lleva nueve meses sin cobrar.