Concebir hijos con garantías

Joan y Rosa eligieron el Instituto Valenciano de Infertilidad para concebir el hijo que no podían tener de forma natural. "Nos decantamos por el centro que tenía mejor fama y que nos recomendó nuestro médico", comentan. "Es caro, pero comparamos precios y todos costaban más o menos lo mismo".

Los niños nacidos gracias a las técnicas de reproducción asistida representan el 2,4% del total, lo que supone 12.000 bebés, según los últimos datos, de 2006. Entre ellos están los hijos de Joan y Rosa, quienes al final no tuvieron un hijo sino dos, como sucede a una de cada tres mujeres que se someten a un proceso de fecundación in vitro.

No todo el mundo tiene la suerte de esta pareja de Valencia. Por eso es tan importante tomar la decisión correcta. A partir del año que viene, esta tarea será más sencilla. El Ministerio de Sanidad tiene previsto publicar un registro en el que expondrá datos relacionados con la eficiencia de cada una de las clínicas y hospitales que se dedican a la reproducción asistida en España de forma que esta información pueda ayudar a las mujeres a "determinar qué centro se ajusta más a sus necesidades", según apuntan fuentes cercanas al departamento que dirige Trinidad Jiménez. Oficialmente, el ministerio reconoce que existe esta intención, "pero no hay fechas cerradas".

La medida pretende arrojar luz en una actividad a la que le falta transparencia

El 75% de los centros acreditados facilitan datos de forma voluntaria

En más de la mitad de los embarazos, las mujeres tenían más de 35 años

El ministerio trata de evitar una guerra de cifras entre clínicas

Esta medida obedece al intento de arrojar luz en un sector controlado mayoritariamente (en torno al 80%) por el sector privado: "Queremos abrir las ventanas", comentan las mismas fuentes. También pretende acabar con la paradoja de que, mientras España es el tercer país en número de tratamientos en Europa y se encuentra entre los Estados con una legislación más progresista en la materia, ha sido criticado por su oscurantismo y la falta de registros oficiales. "Será una iniciativa que beneficiará a pacientes y a profesionales, pero además nos servirá para saber qué se está haciendo en el sector", apunta José Antonio Castilla, representante de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF).

Además de este afán de transparencia, existe otro importante factor que ha influido en que la Administración se haya tomado en serio abordar la cuestión y es que no tenía más remedio. La ley de Reproducción Humana Asistida de 2006 y otras normas anteriores encargaron al Gobierno la elaboración de esta tarea, que ha permanecido durante años en el cajón de las cuestiones pendientes.

La ley recoge que debe existir un registro que, con periodicidad "al menos anual" difunda información relativa a "las tasas de éxito en términos reproductivos" con cada técnica de las distintas clínicas, así como "cualquier otro dato que se considere necesario para que los usuarios puedan valorar la calidad de la atención proporcionada por cada centro".

Hasta el momento, España cuenta con varios registros, como el Fivcat catalán o el que elabora la SEF. Pero los datos que ofrecen son globales y no entran en detalle por centros, por lo que no son de utilidad para los pacientes. El último informe de la SEF, por ejemplo, recoge datos de 2006 de 137 centros que voluntariamente han proporcionado información, el 75% de los acreditados en España. Entre ellos, que la tasa media de embarazo fue del 38,7% o que el 54% de las mujeres tratadas eran mayores de 35 años.

La SEF y el Ministerio de Sanidad están trabajando para contar el año que viene con un registro piloto destinado a servir de puente entre la opacidad actual y el registro público, obligatorio y oficial, centro por centro, que dicta la ley.

Para ello, los dos organismos han suscrito un convenio que permitirá que el informe de la SEF del año que viene ya presente los datos de forma desagregada por clínicas. De esta forma, se contarán con cifras pormenorizadas representativas de la calidad de la atención que presta cada centro, ya sea la tasa de embarazo, el número de nacimientos, el porcentaje de embarazos múltiples, los abortos ectópicos (fuera del útero) o las complicaciones registradas.

El acuerdo compromete a la SEF a transmitir al Ministerio de Sanidad toda esta información. "Nuestra intención es servir de bisagra, dar todos los datos que tenemos y demostrar que estamos dispuestos a cumplir la ley", comenta José Antonio Castilla. Con todos estos datos, Sanidad contará con una fotografía bastante aproximada de la situación real. Y, según ha podido saber este diario, la intención es trasladarla a la sociedad el año que viene en lo que será un primer registro oficioso relativo a la actividad de los centros.

Antes, Sanidad tendrá que resolver una importante cuestión sobre la que aún no se ha decidido: ¿Qué información se debe trasladar al público? Desde el ministerio desea evitar que la publicación de datos se traduzca en una guerra de cifras entre clínicas. O que se malinterprete la información por parte de los pacientes si se traslada de forma demasiado simple o excesivamente compleja.

No es equiparable la tasa de éxito de una clínica que atienda mayoritariamente a mujeres que ronden los 40 años -con menos probabilidades de quedarse embarazadas- con centros cuyas clientes sean más jóvenes. O aquellos que trabajen con semen y óvulos de donantes -de mejor calidad y que arrojan mejores resultados- frente a quienes estén especializados en fecundaciones con gametos de la propia pareja que se somete al tratamiento.

De momento, la intención de la Administración es procesar los datos de la SEF y presentarlos el año que viene de forma que sean comprensibles, útiles y se ajusten al espíritu de la ley. Es decir, que sirvan a las parejas para orientarse y elegir el centro que más les interese. El resultado sería un registro no oficial, pero avalado por el ministerio.

Este rodaje pretende servir para pulir el procedimiento y sacar conclusiones, de cara al real decreto que regulará el registro oficial, que podría estar listo el año que viene. Una vez aprobado, previsiblemente a mitad o final de 2010, la participación de los centros será obligatoria. Debido al retraso de este tipo de información (no se tienen datos de nacimientos hasta transcurridos nueve meses), el primer registro oficial completo podría retrasarse hasta 2012.