La fiscal pide 2 años de cárcel a dos guardia civiles por torturas

Carlos Palomo y Antonio Cano torturaron a un inmigrante cubano, le humillaron, le amenazaron con hacerle "mear sangre" porque supuestamente robó una cartera en un centro comercial de Alboraia, según el vigilante de seguridad del hipermercado. Así lo considera la fiscal del caso, quien, en su escrito de acusación solicita para los dos agentes del instituto armado dos años de cárcel y diez de inhabilitación profesional. Para el vigilante de seguridad, al que considera cómplice de los hechos, nueve meses de prisión y siete de inhabilitación. Las torturas se conocieron por la vigilancia a la que estaba sometido Carlos Palomo, destinado en Tavernes Blanques (Valencia), por su supuesta vinculación con una trama de narcotráfico y blanqueo de capitales, hechos por los que está en prisión provisional en Castellón. Otro guardia civil del mismo puesto declarará como testigo, a él le contaron lo ocurrido, aunque no hizo nada al respecto.

Los agentes le amenazaron con meterle la porra por el culo

Le pegaron y pidieron que no llorara o lo seguirían haciendo

Carlos Palomo, el cabo de la Guardia Civil de Tavernes Blanques, "abrió la puerta trasera donde se encontraba el detenido y comenzó a golpearle con la porra al tiempo que le humillaba diciéndole que era una mujer o una maricona y le amedrentaba con darle una paliza que le haría mear sangre". Así relata la fiscal lo ocurrido el 26 de enero de 2008. Dice más. Cuenta que el otro guardia "le golpeaba y le decía que dejara de llorar o le pegaría una paliza, que si quería otra somanta, llamándole payaso y mentiroso de mierda e insistiéndole para que respondiera diciéndole que no mintiera o le meterían la porra por el culo y se la sacarían por la garganta". Y relata también que "mientras instruían el correspondiente atestado por la falta de hurto, ya en dependencias de la Guardia Civil, los acusados Antonio Cano Godoy y Carlos Augusto Palomo continuaron golpeando y humillando al testigo [el inmigrante cubano], al que llegaron a obligar a bailar salsa, dado su origen cubano".

El juicio aún no tiene fecha. La víctima acudirá como testigo protegido, así está considerado en la causa. Y los acusados se enfrentan a penas por delito de torturas, no de lesiones, porque no se han podido acreditar a pesar de que las grabaciones recogen todos los detalles de lo ocurrido el 26 de enero de 2008, sobre las 13.30.

Cano y Palomo acudieron al centro comercial de Alboraia alertados por la llamada de un vigilante de seguridad que aseguraba tener retenido a un individuo que podía haber intervenido en el robo al descuido de una cartera. Lo hicieron con un coche sin distintivos. Sobre ese vehículo, por orden judicial, existía una vigilancia enmarcada en una investigación por narcotráfico. Por eso la Guardia Civil conoció los hechos y tuvo que esperar a intervenir sobre ellos a que finalizaran las pesquisas por tráfico de drogas.

Cuando llegaron al hipermercado, los agentes montaron al inmigrante cubano en la parte de atrás, junto al vigilante jurado. Iniciaron la marcha, pero no se dirigieron al puesto de Tavernes. No. Fueron a un lugar apartado, próximo a un barranco aunque con casas a la distancia suficiente para que en un determinado momento de la agresión uno de ellos advirtiera la conveniencia de abandonar el lugar. En las grabaciones, al inmigrante cubano se le oye llorar, se escuchan sus ruegos para que paren de pegarle, son nítidos sus quejidos como aullidos al recibir los golpes. Nunca denunció porque temía por su vida.

Palomo, uno de los dos guardias civiles implicados, está en prisión desde hace más de un año por su participación en una red de tráfico de cocaína a través del puerto de Valencia. La organización podría haber introducido más de 600 kilos procedentes de Suramérica. Ya está procesado y en espera de juicio. Él, junto a otro guardia civil del mismo puesto, están acusados de un delito contra la salud pública y de asociación ilícita, ya que concurre la agravante de notoria importancia (por la cantidad de droga), y tenencia ilícita de armas.

La detención se produjo cuando la banda se disponía a descargar un contenedor en el puerto. Los agentes cobraban de los cabecillas, a los que facilitaban información y logística para actuar con toda impunidad y burlar la vigilancia policial.