Rajoy aprueba un código ético 'anti Gürtel', pero defiende a Carlos Fabra

Casi 11 meses ha tardado el PP en aprobar definitivamente un nuevo código ético más duro que el que promovió en 1993. Ana Mato, una persona que ha estado en los equipos de organización del PP desde que José María Aznar llegó a la cúpula del partido en 1990 se ha encargado de elaborar un texto pensado para que no vuelva a haber un caso Gürtel.

Uno de los principales problemas de este escándalo, para el PP, es que Francisco Correa llegó a ser el proveedor prácticamente único de la dirección. Para lograrlo llenó de regalos y atenciones, según consta en el sumario, a buena parte del equipo de organización del PP. Y cuando Génova rompió con él, logró los contratos casi en exclusiva del PP valenciano y allí también llenó de regalos y atenciones a sus responsables, en especial a Francisco Camps, según el auto del juez José Flors.

Los candidatos deberán declarar al partido sus bienes y prometer integridad

Con estos antecedentes, Mato presentó y sometió a votación del Comité Ejecutivo -fue aprobado por aclamación con un gran aplauso- un texto que incluye para todos los cargos del partido "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Esto supone una clarísima enmienda a la actitud de los cargos del PP que aceptaron regalos de la red Gürtel. Sin embargo, Mato se negó a concretar en qué cantidad se marca "los usos y costumbres sociales".

¿12.000 euros en trajes -lo que recibió Camps según el auto del juez Flors- es un uso social?, se le preguntó. Ella no contestó, y se limitó a señalar que la cantidad permitida la fija "el sentido común", y puso algunos ejemplos. "Unos turrones por Navidad, unas naranjas de Valencia, un vino de La Rioja, un ramo de flores, un regalo de boda, cosas que son normales, regalos no muy caros, costumbres admitidas por todo el mundo".

Para analizar el cumplimiento del código se crea la figura del "auditor interno". Mariano Rajoy ha seleccionado al veterano José Manuel Romay Beccaria, ex ministro de Sanidad. También se encargará de que los contratos del PP, que en un 90% se financia a través de subvenciones públicas, se hagan de manera similar a los de la administración: con un concurso público, al menos tres ofertas y preferencia por la más barata. Hasta ahora, el PP -y el PSOE- eligen a sus proveedores como cualquier empresa privada y no dan explicaciones a nadie de por qué los han elegido.

Aún así, en la excepción hay hueco para evadir esta norma: "En el caso de urgencia justificada, podrá hacerse la adjudicación sin convocar a la mesa". En un partido, donde muchos actos se improvisan, la urgencia es la norma. También se aprobó que habrá una auditoria externa anual que se publicará en la web del PP.

¿Qué consecuencias prácticas tendrá el código? De momento, ninguna. El partido no ha enviado siquiera una comunicación interna para que sus cargos rechacen estas Navidades los regalos demasiado caros.

El código incluye la creación de una "carta de compromisos" que firmarán todos los candidatos del PP y cargos internos, que les obliga a contarle al partido qué bienes e intereses tienen. En ella prometen "actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez".

Sin embargo, el PP mantiene su defensa cerrada de Carlos Fabra, el todopoderoso presidente provincial de Castellón, imputado en varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra tiene 600.000 euros en 70 cuentas corrientes distintas que no logra justificar ante Hacienda. ¿Cumple Fabra con esa ejemplaridad de la que se habla en el código?, se le preguntó. "Nosotros creemos en la presunción de inocencia", se limitó a responder Mato, avanzando así que la aplicación del código no supondrá ningún problema para el polémico barón castellonense.