Los abogados dicen basta al Consell

Han dicho basta y ayer realizaron la primera acción de protesta de varias programadas contra la Consejería de Justicia por el impago reiterado de los servicios del turno de oficio. A las 12 del mediodía, alrededor de 200 letrados se concentraron ante la sede de la Ciudad de la Justicia de Valencia por "la dignidad del turno de oficio". A la cabeza, el decano del Colegio de Valencia, Francisco Real, al que los letrados que ejercen el turno llevaban meses reclamando una acción contundente ante la persistente morosidad de la Administración autonómica.

Son casi cinco millones de euros los que debe la consejería en concepto de honorarios por la justicia gratuita. El departamento de Paula Sánchez de León les adeuda los salarios correspondientes al segundo y tercer trimestre de este año, 2,20 y 2,58 millones, respectivamente. Real manifestó ayer que la protesta significa que la abogacía valenciana "quiere reivindicar el pago inmediato de las cantidades adeudadas". El decano exigió "respeto al derecho de defensa en aras del interés público", que "no admite ni el incumplimiento de la normativa vigente en materia de justicia gratuita ni el del convenio suscrito por la Generalitat con el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados".

Real leyó un comunicado. Y dejó claro su interés en hacer constar que "el turno de oficio se ejerce con total responsabilidad, dedicación y compromiso por las compañeras y compañeros adscritos, y que la gestión que desempeña el Colegio se lleva a cabo en términos de calidad y de formación continua, buscando siempre la mejor defensa posible". El decano subrayó que, pese a la situación, no había recibido ninguna explicación por parte de la consejera Paula Sánchez de León, mucho menos que le hubiese anunciado que el Consell fuera a pagar a finales de este mes. Real añadió que las movilizaciones continuarán.No aflojan en su propósito. Lejos de eso, el decano Francisco Real anunció ayer su intención de reclamar los intereses del retraso del pago de la deuda. Real recibió con escepticismo el anuncio de la consejera, Paula Sánchez de León, de que lo pendiente se abonaría antes de final de año y aseguró que las movilizaciones se mantendrán hasta que se haga efectivo ese anuncio. Sánchez de León expresó ayer su molestia por la concentración diciendo que "hubiera preferido que las reivindicaciones se hubieran hecho en un despacho". En el debate de presupuestos, en las Cortes, la oposición también se refirió al tema. Lo hicieron Enric Morera, de Compromís; Marga Sanz, de Esquerra Unida; y Dolores Huesca, del PSPV. La diputada socialista pidió la comparecencia de la consejera y habló de intento de privatización del turno de oficio.

La falta de liquidez de la Generalitat también está poniendo en una situación límite a personas en situación de dependencia, a las asociaciones que gestionan los recursos que deberían percibir de la Administración, las empresas que prestan los servicios y los trabajadores de residencias, centros de día o unidades de atención domiciliaria. Después de que la semana pasada las asociaciones de enfermos mentales lanzaran la voz de alerta, ayer fueron los empresarios de las residencias y centros asistenciales (Aerte). En un comunicado, denunciaron la situación de "precariedad e incertidumbre que atraviesa el sector" por el retraso en los pagos y los "miles" de expedientes por resolver, lo que crea una situación de "ansiedad y angustia".

Dotación extra

Aerte destacó el retraso en el cobro de ayudas por parte de personas con discapacidad y enfermos mentales (las prestaciones económicas individuales) que les sirven para pagar la atención que reciben en centros gestionados por asociaciones o centros privados que se encuentran al borde del impago. "Este año la Generalitat tiene pendientes de pago tres meses a unas 450 personas, lo que supone que faltan dos millones de euros para finalizar el año 2009". Además, "Bienestar Social no ha desarrollado suficientemente las ayudas para los centros de día y de ayuda a domicilio".

Estos problemas requieren una "dotación extraordinaria" de fondos. De lo contrario, en enero "muchos centros de atención a discapacitados, mayores y enfermos mentales se verán abocados al cierre inmediato", lo que supondrá la "destrucción de una red de atención a la dependencia que tanto esfuerzo ha costado crear".