El abuelo de Moisés pide al fiscal que actúe contra la Xunta

La Xunta "incumplió" su compromiso con la familia del menor orensano del que solicitó la tutela por un problema de obesidad mórbida. "Hubo mentiras y engaño", sostienen los familiares. El abuelo de Moisés relató ayer con detalle las negociaciones entre la familia y altos cargos del área de Benestar y cómo, durante el tiempo en que el pequeño estuvo oculto -lo que ha supuesto el procesamiento judicial de sus padres- "nunca" les pidieron que entregaran al niño, sino que pactaron que no ingresara más que simbólicamente en el centro de menores, en el que finalmente se encuentra.

Los altos cargos de la Xunta les dijeron que el informe de los técnicos "no sería problema", aseguró ayer el abuelo. Pero no fue así. La familia pide ahora una comparecencia pública de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, para que "lo explique todo" y solicita al Ministerio Fiscal que retire la acusación contra los padres. Además, pondrá en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones del delegado de la Xunta, Rogelio Martínez, llamando "niño gordo" al menor y desvelando sus datos clínicos "falseados, porque dijo que ingresó 48 veces en la UCI y no es cierto".

La familia dice que, de no ser gitano, el niño no estaría en el centro de menores

El abogado de la familia ha pedido el informe médico y asegura que no descarta presentarse como acusación particular si prospera el proceso penal contra Martínez. Según el relato del abuelo, Gregorio Montoya, confirmado por el endocrinólogo Xesús Manuel Suárez, que asegura que actuó como mediador, la familia tenía la palabra de la secretaria general de Benestar, Susana López Abella, y del delegado de la Xunta de que el niño se iría a vivir en acogida con sus abuelos. "Ahora dicen que la vivienda no es adecuada por estar anexa a la del padre, pero llegamos a plantearles que el padre saliera del entorno y nos dijeron que no era necesario", señaló el facultativo.

Como la Xunta "dio marcha atrás alguna vez", Gregorio Montoya asegura que el día que entregó al niño le pidió a Martínez que le pusiera por escrito los términos del acuerdo. "Pero el delegado me dijo: 'tienes mi palabra y mi palabra va a misa', y yo le dije que la mía de gitano también iba a misa y sellamos el acuerdo con un apretón de manos", narró Montoya. La familia sostiene que es objeto de racismo: "El niño no estaría en el centro de menores si fuera payo".