Cuestión de credibilidad

Tras el episodio de Dubai, esta semana hemos contado con la rebaja de calificación crediticia por parte de Fitch a Grecia (hasta BBB+), la puesta en revisión con implicaciones negativas del rating de este mismo país por parte de Standard & Poor's (S&P) (A-) y, finalmente, el cambio a negativo de la perspectiva a medio plazo por parte de esta última agencia para la deuda española (AA+).

Estos movimientos han contribuido a un notable aumento de la desconfianza de los inversores en materia de sostenibilidad de las finanzas públicas en el seno de la Eurozona, traducido en un nuevo impulso al alza en los diferenciales de rentabilidad frente a mercados con un menor deterioro de sus finanzas públicas, mayor profundidad y liquidez. En paralelo, los costes de los seguros ante impago sobre la deuda de las economías de la Eurozona con peor panorama fiscal se han elevado significativamente.

Es urgente diseñar un marco de actuación creíble para consolidar las finanzas públicas

La situación de Grecia es complicada, y difiere en gran medida de la media de la Eurozona. Un déficit público próximo al 12% del PIB durante los próximos años y un volumen de deuda pública sobre el PIB que podría alcanzar el 135% a finales de 2011 comporta una situación de excepcionalidad. Otra economía con una situación significativamente peor a la media es Irlanda, que fue despojada de la máxima calificación crediticia hace ya meses por Moody's, S&P y Fitch, situándose hoy su calificación en Aa1, AA y AA-, respectivamente por cada una de las tres agencias.

Hay, sin embargo, una diferencia notable entre ambas: mientras Grecia apenas ha dado muestras de voluntad de enderezar la situación, Irlanda está llevando a cabo desde 2008 un intenso programa de consolidación fiscal de cara al medio plazo, del que hemos conocido nuevas medidas esta misma semana. Los inversores comparten en gran medida esta percepción, como muestra el hecho de que en el último mes la deuda irlandesa haya sufrido un castigo en los mercados muy inferior, en términos relativos, a otros emisores como, por ejemplo, Grecia.

En el caso de la deuda española, el cambio de perspectiva de S&P debe considerarse como un (nuevo) aviso, y viene a significar, aunque dicho con otras palabras, lo mismo que los inversores expresan en el mercado en términos de rentabilidades y diferenciales de la deuda española frente a otros estados de la Unión con mejores perspectivas fiscales: es urgente diseñar, comunicar e implementar un marco de actuación creíble a medio plazo para retornar a una senda de consolidación fiscal que permita contener la actual deriva alcista en los principales parámetros de riesgo de las cuentas públicas de nuestro país. Es de esperar que, de llevarse a cabo este ejercicio de responsabilidad en un plazo de tiempo razonable, la calificación crediticia de la deuda española no sufriera rebajas adicionales.

Durante los próximos trimestres, el anuncio de medidas creíbles orientadas a reforzar la confianza de los inversores en la sostenibilidad a medio plazo de las cuentas públicas será la principal clave en la determinación de la dirección y el nivel de los diferenciales de rentabilidad para la deuda de los Estados miembros de la Eurozona.

José Manuel Amor y Álvaro Lissón son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).