'Okupas' desalojados por no pagar 30.000 euros de caución

Treinta mil euros. Esa caución deberían aportar los jóvenes que ocupan un pequeño local en Gràcia si quisiesen defenderse en un juicio contra el desalojo que pide la propietaria del local. Ella pidió esa suma y el juez la aprobó el viernes. Dista mucho del euro simbólico que otro magistrado impuso hace poco a la supuesta usurpadora de una casa habitada como condición para lo contrario: frenar su desahucio. "Se nos priva del derecho a defendernos", denuncia el abogado de los jóvenes, que no podrán reunir el dinero. De esta forma, el desalojo del llamado Casal Popular de Gràcia es una cosa segura. Eso ha puesto en pie de guerra no sólo a la Assemblea de Joves de Gràcia, que lo gestiona, sino también a una plataforma que agrupa nueve caus y esplais del distrito, que ayer organizaron un concierto en señal de protesta.

Los jóvenes usan ese espacio desde 2002, cuando no había equipamientos juveniles en Gràcia. Ahora hay uno municipal, pero no les convence porque no lo administran ellos solos. "El casal es autogestionado, y eso da una oportunidad a los jóvenes para aprender a ser responsables", dice Albert en el local, que ahora alberga una exposición sobre Manuel de Pedrolo.