España niega el asilo a un marroquí acusado por error del 11-M y que denunció torturas

España ha negado a Mohammad Haddad, un marroquí que fue acusado por error por el 11-M, el asilo político al entender que no es perseguido en su país, que las supuestas torturas que sufrió en su país no están acreditadas y porque en 2000 prestó su pasaporte a un islamista considerado "un peligro para la seguridad del país" y al que también se le negó en su momento el asilo.

Haddad fue reconocido por una testigo como un supuesto autor del 11-M, pero pudo demostrar que ese día estaba en Tetuán viendo un partido de fútbol en un café. Pese a ello fue detenido durante 45 días en la cárcel de Temara, donde supuestamente fue torturado. Haddad prestó su pasaporte a Lahcen Ikasrien, detenido en 2000 con dicho pasaporte junto a un supuesto autor material del 11-M (huido y en paradero desconocido), un dirigente del Grupo Islámico Combatiente Marroquí y un autor del atentado de Casablanca.

Ikasrien fue detenido luego en Afganistán y recluido en Guantánamo. Tras ser liberado, España también le negó el asilo -pese a que fue absuelto por la Audiencia Nacional por un error en la intervención de sus comunicaciones- al entender que era un peligro para la seguridad nacional.

La negativa a darle el asilo a Haddad, tomada por unanimidad y con apoyo de ACNUR, explica que no reúne "los requisitos para la concesión de protección internacional" o para ser reconocido como refugiado ni "se da ninguna de las circunstancias que determinan la concesión de la protección subsidiaria", siquiera por "razones humanitarias".

El Ministerio del Interior estima que Haddad, tras reclamar reiteradamente y sin éxito visado en el Consulado de España en Tetuán, optó por pedir el asilo "en claro fraude". Lo hizo tras afiliarse al Partido de los Trabajadores, intentar ser candidato a las elecciones marroquíes del 12 de junio y ser interventor "sin que sufriera ningún tipo de presión", según el expediente. Al día siguiente, pasó a Ceuta y solicitó el asilo.

La resolución añade que la documentación sobre las supuestas torturas carecen "de valor probatorio", ya que fue "expedida cinco años después de que supuestamente tuvieran lugar" y luego ha seguido viviendo en Tetuán "con normalidad".