La atadura del PNV al pacto con el PSE deja en mínimos la oposición

La imposibilidad del PNV de ejercer la oposición en el acto más político y trascendente del Gobierno que le desalojó del poder, al no poder presentar una enmienda de totalidad a sus presupuestos ni secundar las de otros grupos, dejó la oposición en el debate de ayer reducida a mínimos: Aralar, EA y EB. El partido de Iñigo Urkullu se abstuvo en el primer trámite de las cuentas, como ya hizo con la ley de medidas económicas urgentes y como hará, previsiblemente, en la votación definitiva del día 23.

Los primeros presupuestos del Gobierno del cambio de Patxi López serán así aprobados dentro de dos semanas con el menor número de votos en contra que haya tenido ningún otro antes, incluidos los de los mayoritarios gobiernos de coalición PNV-PSE. El riesgo de ver derrotadas sus propias cuentas en las tres diputaciones y sumirlas en el caos de funcionar con unos presupuestos prorrogados, para los que no se ha recaudado el dinero necesario, lanzó al PNV a un acuerdo con el PSE que le impide votar en contra de las cuentas del Gobierno. Su portavoz ayer, Javier Carro, intervino sólo en el turno de explicación de voto, para justificar su abstención como "ejercicio de realismo y oposición constructiva". "No vamos a impedir que una institución como el Gobierno tenga presupuestos", dijo, pese a que su voto en contra tampoco lo habría conseguido.

"Frentista" e "insuficiente"

Así las cosas, el mayor grupo de oposición real resultó ser Aralar, con sus cuatro escaños. Su portavoz, Aintzane Ezenarro, criticó que el Gobierno no se haya dirigido a los grupos minoritarios, una vez que tuvo sus acuerdos con los grandes, PP y PNV. Al primero lo consideró "fruto del esquema frentista" y al segundo "insuficiente" para hacer frente a la crisis. Las cuentas serán "un retroceso", tanto en materia social como identitaria, cultural y lingüística, y también serán malas para la convivencia, el diálogo y la paz, sostuvo, además de considerar "ilegal" el uso del endeudamiento.

EA descalificó el proyecto de ley por considerarlo basado "en una concepción nacional española" para "desmantelar la vasquidad", y porque da "respuestas incompletas a la crisis". El representante de EB, Mikel Arana, criticó lo que consideró "inhibición ante la crisis y lamentó la inexistencia de "cambios importantes en la fiscalidad para aumentar los ingresos". A su juicio, el proyecto se basa en previsiones "ficticias". La socialista Joana Madrigal y el popular Antón Damborenea corrieron con la tarea de rebatir a los enmendantes.