El polémico plan urbanístico de La Pobla de Benifassà llega al pleno

El Ayuntamiento de La Pobla de Benifassà tiene previsto llevar hoy a pleno la aprobación de un polémico Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, en el caso de salir adelante, será recurrido, al menos, por la Asociación por la Recuperación de la Tinença de Benifassà, que lo ha calificado de "ilegal".

La Pobla de Benifassà, gobernada por el Partido Socialdemócrata (PSD), presentó en julio el documento inicial del plan, que fue sometido a exposición pública y al correspondiente plazo de presentación de alegaciones. Muchas de ellas fueron rubricadas por miembros del colectivo y se refirieron a la recalificación de zonas incendiadas, las afecciones sobre bienes culturales y la falta de recursos hídricos para el planeamiento que preveía el equipo de gobierno. Sin embargo, ninguna de las alegaciones presentadas por la asociación y por sus miembros fue admitida.

Entre otras cosas, el PGOU que pretende aprobar el PSD califica de "bajo" o "muy bajo" el interés del paisaje de la Tinença de Benifassà, un parque natural de cerca de 5.000 hectáreas de superficie.

La Asociación por la Recuperación de la Tinença afirmó ayer que hará valer en las vías contencioso-administrativa y penal los valores culturales, ambientales y paisajísticos que tiene esta comarca, "que cuenta con figuras legales de protección como Lugar de Interés Comunitario, Zona de Especial Protección para las Aves y Red Natura 2000".

Además, advirtió a la Consejería de Medio Ambiente, de quien depende la aprobación definitiva del PGOU, y manifestó su confianza en que "en cuanto llegue la desmesurada propuesta urbanística cumpla con la legalidad vigente, no apruebe y devuelva al Ayuntamiento un PGOU que es contrario a derecho por incumplir la legislación que protege el medio ambiente y el patrimonio histórico-artístico".

La fiscalía ya llevó al juzgado la realización de unas obras en Ballestar, pedanía de La Pobla de Benifassà, ante la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio. Posteriormente, el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) llevó a la fiscalía el polémico PGOU, en el que, según el escrito remitido al fiscal, se pretende "reclasificar los terrenos afectados por las obras ilegales de no urbanizables a urbanizables". Además, el plan prevé la construcción de 240 adosados en una zona afectada por un incendio forestal en 2001.