Reformando el mundo local

A nuestro mundo local se le acumulan las reformas pendientes. Tanto en el terreno financiero, como en el territorial y el institucional aparecen disfuncionalidades y problemas cuya solución incrementaría de forma significativa el bienestar de muchos gallegos. Vayamos por partes.

Los ayuntamientos de Galicia son, en conjunto y con diferencia, los que someten a una menor presión fiscal a sus ciudadanos. Salvo los siete municipios más poblados y algún otro caso excepcional, los tipos impositivos del impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre circulación de vehículos o las tasas y precios públicos se sitúan muy próximos al mínimo que establece la ley. Las consecuencias directas son la insuficiencia financiera crónica, la dependencia extrema de otras administraciones y la baja calidad de los servicios públicos locales.

La Administración gallega es la más generosa de España con sus municipios No es razonable que ayuntamientos pequeños tengan servicios separados

Claramente, los ayuntamientos gallegos necesitan incrementar sus recursos más que el resto de los municipios españoles. Y aquí caben dos soluciones: incrementar las transferencias que se realizan desde la Xunta o elevar los tributos locales. Los ayuntamientos prefieren la primera vía. Es comprensible, pero no del todo razonable. Porque las investigaciones disponibles demuestran que, dejando a un lado los regímenes fiscales de carácter especial de País Vasco, Navarra y Canarias, la administración gallega es, con diferencia, la más generosa en sus transferencias incondicionales a las entidades locales. Por eso, la revisión en curso del Fondo de Cooperación Local debería aprovecharse no sólo para incrementar el peso de la dispersión como criterio de reparto, sino para discutir de una vez y en serio la forma de medir el esfuerzo fiscal municipal, para convertir esta dimensión en un criterio principal de reparto, al menos de forma transitoria. Las corporaciones locales que estén dispuestas a normalizar sus parámetros fiscales deben recibir comparativamente más recursos. Es una forma de incentivar que los alcaldes asuman el coste político de las subidas de tipos.

Una segunda línea en la que deberíamos ver avances más rápidos es en la estructura territorial. Las directrices de ordenación del territorio deberían ser la percha en la que se colgasen todos los proyectos supramunicipales. En este sentido, la experiencia española demuestra que las áreas metropolitanas entendidas como un nuevo ente administrativo, con su propia infraestructura y organigrama, no funcionan. Los temores de los alcaldes de los municipios periféricos a perder peso político respecto al alcalde del ayuntamiento central paralizan su funcionamiento y avance. Al contrario, la definición de espacios supramunicipales que la Xunta utilice como referencia en su planificación, y en los que se produzcan acuerdos voluntarios de geometría variable y alcance limitado, son una solución pragmática más operativa. Un ejemplo de esto, todavía en desarrollo, son los consorcios sectoriales para el transporte público metropolitano al que se adhieren voluntariamente los municipios, con una Xunta que pone recursos financieros y sentido global.

Finalmente, creo que es positivo que la Xunta impulse un debate sobre la posible fusión de municipios. Desde luego, esta no es una solución generalizable, pero sí muy razonable para los ayuntamientos más pequeños que, no por casualidad, coinciden con los menos dinámicos tanto desde el punto de vista demográfico como económico. Junto a esa solución, creo que también deberían potenciarse las fusiones virtuales de concellos, al menos en lo que se refiere a la prestación de algunos servicios.

El apoyo de la Xunta a través de convenios debería condicionarse no sólo a que se persiga un fin de interés para la Administración autonómica (y no únicamente para los municipios), sino a que se alcancen masas críticas mínimas. Es razonable que un municipio de 30.000 habitantes tenga piscina propia. Pero no lo es que tres municipios limítrofes que no llegan a los 10.000 habitantes entre los tres, pretendan tener infraestructuras y servicios separados. Sobre todo porque luego esos servicios los acabamos pagando entre todos los contribuyentes gallegos, reduciendo en consecuencia el dinero público disponible para nuestros hospitales, universidades o residencias para la tercera edad.