Libertad bajo fianza de un millón de euros para Prenafeta y Alavedra

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que instruye el caso Pretoria, acordó ayer dejar en libertad bajo fianza de un millón de euros a dos de los principales implicados: el ex consejero de CiU durante los gobiernos de Jordi Pujol, Macià Alavedra, y el ex secretario general de la Presidencia del propio ex presidente de la Generalitat, Lluís Prenafeta.

El magistrado considera que ha disminuido el riesgo de que ambos ex altos cargos destruyan pruebas importantes para la investigación, ya que obran en su poder pruebas suficientes -las incautadas en los registros realizados por la Guardia Civil y las recabadas en las comisiones rogatorias remitidas a varios países-, así como varios informes periciales sobre sus actividades. Por tanto, la prisión preventiva no es imprescindible, ya que tenía como finalidad, precisamente, la salvaguarda de estas pruebas. Garzón estima que aunque "los fines no están totalmente asegurados", procede la libertad bajo fianza de los imputados.

Alavedra pagó y salió anoche de la cárcel pero Prenafeta continúa en prisión

Las mismas fuentes han informado de que para el caso de que los citados imputados constituyan la fianza, el magistrado ha fijado, además, la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio, así como la prohibición de salir del territorio nacional. Según dichas fuentes, en la decisión del magistrado no ha influido la edad de los imputados, 75 y 70 años, respectivamente, ni su salud. Un hijo de Prenafeta se desplazó ayer a la prisión de Can Brians 2, donde se encuentran los imputados. Alavedra logró reunir ayer la cantidad y salió de la cárcel a las 21.45. Prenafeta no consiguió el dinero y permanece en prisión, informa Pere Ríos.

Alavedra y Prenafeta fueron detenidos el pasado 27 de octubre junto al alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo de la localidad, Manuel Dobarco Touriño; el director gerente de la alcaldía, Pascual Vela; así como el ex diputado socialista en el Parlamento catalán Luis García, Luigi, considerado el cerebro de la trama, y varios empresarios.

La llamada Operación Pretoria desmantelaba una supuesta red de corrupción urbanística a través de la cual presuntamente se lograban modificaciones de los planes de ordenación urbana en localidades catalanas, el cobro de comisiones, cohechos (sobornos), fraudes a la Hacienda pública y en las subvenciones de la Unión Europea, exacciones ilegales, blanqueo de fondos y tráfico de influencias, aprovechando los cargos institucionales de unos, la posición y contactos políticos de otros y la actividad empresarial de los demás.

En el auto en el que Garzón ordenó el ingreso en prisión de Prenafeta y Alavedra el pasado 30 de octubre, les imputó el haber percibido al menos 637.590 euros cada uno por operaciones inmobiliarias en Sant Andreu de Llavaneres (operación Niesma) y en Badalona, "no excluyéndose otras cantidades". Alavedra, según el juez, dispone además de cantidades fuera de España y ha desarrollado "actividades de blanqueo de capitales".

Tanto Prenafeta como Macià Alavedra, según el auto, utilizaron sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales presentados por Lluís Casamitjana, que les pagaba comisiones a través de su empresa Espais, procediendo al blanqueo de las mismas. La actividad de contactos con autoridades y cargos públicos para obtener beneficios y proyectos para la empresa de Casamitjana se mantuvo hasta la detención de los implicados.

En la misma investigación de la Operación Pretoria se han visto implicados además otros altos cargos, como el gerente del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), Emili Mas, que el pasado día 4 de noviembre quedó también en libertad provisional sin medidas cautelares tras declarar ante Garzón.

Con la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta, sólo permanecen en prisión incondicional el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García, que según fuentes de la investigación se embolsó al menos ocho millones de euros. Fuentes de CiU se han limitado a "celebrar la decisión del juez".