Con la casita de la playa ocupada

Eulalia Vicente tiene 79 años. Vive en Barcelona, pero tiene una casita en la playa de Badalona. Tan cerca del mar que está afectada por la Ley de Costas y en fase de expropiación. Acude a ella con su hijo, Francesc Bassols, y el resto de la familia algunos fines de semana y los largos veranos mediterráneos. Mejor dicho, acudía. Desde hace aproximadamente un mes, en la casa vive un matrimonio con una niña. El hombre, que no revela su nombre ni su nacionalidad, dice que la alquiló a alguien con quien no pueden contactar.

"He pagado un alquiler a un hombre que iba a venir una semana después a darme el contrato y no ha venido, pero ya vendrá", asegura. No quiere dar más detalles: "Tengo la cosa en la justicia", dice.

Cumplir los plazos depende del trabajo de cada juzgado y la celeridad del juez

El ocupante de la vivienda sostiene que lleva allí dos meses. Bassols, hijo de la propietaria, lo niega: "Como mucho está allí desde el 20 de noviembre, que fue cuando me avisaron los vecinos". Acudió al día siguiente a los Mossos d'Esquadra y el Juzgado de Instrucción 1 de Badalona tomó declaración a la perjudicada el 26 de noviembre. Desde entonces, Eulalia Vicente y su hijo esperan una decisión judicial. "Creo que falta que se le asigne a él un abogado de oficio", señala Bassols.

Fernando Ramos y Antonio Navarro son dos de los vecinos. Pasean casi cada día por la playa y han ido observando los hechos. "La familia viene a la casa todos los veranos y algunos fines de semana, los conocemos", explican justo entre la vivienda y un pedazo negro de playa que está siendo cubierto de arena por camiones que acuden con regularidad. "Aquí había un restaurante que fue derribado, por eso está así. En la parte de atrás, abajo, donde se guardaban las barcas, también se instaló una familia. Han estado más de 10 años y se fueron hace poco, al derruir el edificio. Se podían haber instalado en la casa del vecino si es una cosa tan fácil", dice uno de ellos con cierta retranca.

Mientras Vicente y Bassols esperan, la familia que se encontró la casa ocupada en Castelldefels hace unas semanas y que lo denunció en los juzgados de Gavà celebra que ya está libre. Los ocupantes la abandonaron y, tras la inspección policial, el juez autorizó a los dueños a entrar.El día de Navidad entrará en vigor en España una reforma legal que permitirá a los propietarios echar a los inquilinos por falta de pago en el plazo de dos o tres meses. Y lo que vale para ellos valdrá también para los ocupantes ilegales de viviendas, a los que ahora beneficia la lentitud de la justicia en algunas ciudades y las garantías procesales.

Es lo que se ha llamado el "desahucio exprés", al amparo de la Ley de Medidas de Fomento y Agilización del Alquiler y Eficiencia Energética, que ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Una de esas reformas permitirá al juez de lo civil señalar la fecha en la que se producirá el desahucio antes de un mes de dictarse la sentencia, si es favorable al propietario. Lo que ocurre ahora en muchos juzgados es que se ha de instar la ejecución de la sentencia de desahucio y el juez debe resolver de nuevo, con lo que el ocupante prolonga su situación unos meses más. Y si recurre, se puede suspender, algo que no elimina la nueva ley. En los casos en que los ocupantes se comprometan al desalojo voluntario, se podrá llevar a cabo antes de 15 días. Si no comparecieron en el juicio, "se procederá al lanzamiento en la fecha fijada sin más trámite", cosa que no ocurre ahora.

Con todo, la rapidez en la ejecución de los desahucios dependerá de la agilidad de cada juzgado. No es lo mismo un juzgado de primera instancia de Barcelona, donde ahora se puede resolver un desahucio en dos o tres meses, que en algunos partidos judiciales muy colapsados, donde puede dilatarse ocho o nueve. Y todo ello, al margen de la celeridad que tenga cada juez en resolver.

Los efectos que tendrá la reforma legal sobre los ocupantes de viviendas han pasado muy desapercibidos para la mayoría de los juristas, aunque no para todos. "Es un grave mazazo para el movimiento okupa y para las personas que siguen sus pasos", explica el abogado Jaume Asens, que ha defendido a decenas de jóvenes en los últimos años. La reforma llega después de que se haya demostrado el fracaso de la vía penal para resolver la ocupación de casas, pues la mayoría de los jueces archivaban el caso.

En Barcelona se instruyen cada año unas 700 diligencias por este delito, de las que sólo una docena llegan a juicio. Las condenas apenas son tres o cuatro y siempre a penas de multa.