Candidatos al Constitucional piden que el actual tribunal falle sobre el Estatuto

Veintitrés destacados juristas esperan desde hace casi un año a que el PSOE y el PP elijan a cuatro de ellos para formar parte del Tribunal Constitucional en sustitución de otros tantos, que llevan interinos desde que acabó su mandato hace dos años. Esos 23 candidatos fueron propuestos al Senado por los parlamentos autónomos en octubre de 2008, y ahora alguno hasta ha olvidado que, formalmente, sigue optando a entrar en el alto tribunal. Sus nombres están en una carpeta de "asuntos pendientes" en la presidencia del Senado, esperando a que los partidos decidan.

La mayoría de los consultados asegura que, en todo caso, debe ser el tribunal con la actual composición el que emita la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, la resolución que, de hecho, bloquea la renovación.

Renovar el tribunal ahora supondría reiniciar desde cero la deliberación

Los juristas creen que el bloqueo daña la imagen del Constitucional

El presidente del Senado congeló la designación ante la falta de acuerdo

PSOE y PP se acusan mutuamente del bloqueo y muestran en público su disposición a proceder ya a nombrar un tercio del tribunal (la parte que corresponde designar al Senado), pero fuentes parlamentarias de ambos partidos admiten en privado que se han resignado, por distintos motivos, a que sean los magistrados actuales los que emitan la que puede ser la sentencia más polémica de la democracia.

De hecho, desde enero pasado, cuando el presidente del Senado congeló los nombramientos ante la falta de acuerdo, no hay contacto entre ambos partidos. Están decididos a esperar a la sentencia del Estatuto catalán. "No está el Constitucional como para que yo opine", afirma uno de los aspirantes, que pide que no se publique su nombre, como ejemplo de la coincidencia en el diagnóstico de la mala imagen del tribunal.

La situación dura ya tanto que algunos de los candidatos han cambiado hasta de trabajo. Juan Carlos Campo, candidato del Parlamento de Andalucía, ha sido nombrado secretario de Estado de Justicia. Ángel Juanes, entonces magistrado del Supremo, es ahora presidente de la Audiencia Nacional. Juanes asegura no saber si es candidato, y subraya: "Debería ser la Asamblea de Extremadura [institución que lo propuso] la que retirara [la candidatura] o la confirmara, ya que fue allí donde me propusieron".

Sostiene también que debe ser el actual tribunal el que falle sobre el Estatuto: "Sería complicado lo contrario, ya que éste ha iniciado la deliberación. Que resuelvan el problema creado".

Óscar González, magistrado de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, propuesto por Canarias, explica también que los actuales magistrados ya han avanzado en esa deliberación y "si se renovara antes, habría que empezar la deliberación porque los nuevos querrían arrancar desde cero". González asegura que su candidatura "no ha prescrito".

José Francisco Cobo, presidente de la sala segunda de la Audiencia de Navarra, considera que la no renovación es "absolutamente negativa y perjudica muy notablemente la credibilidad de este órgano constitucional, contribuyendo a denigrar su legitimidad". Pero cree que renovarlo sin esperar la sentencia "afectaría al derecho al juez predeterminado por la ley".

Jesús Delgado, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza y candidato de las Cortes de Aragón, coincide en esta opinión.

Nemesio Barxa, abogado propuesto por el BNG en el Parlamento de Galicia, afirma escéptico: "Tengo más posibilidades de ir al tribunal yo que ustedes ¿no? Pero en este momento, créame, lo tengo olvidado por completo. Que hagan lo que quieran, que lo resuelvan cuando quieran y como quieran. No me preocupa". En cuanto a la sentencia: "No me veo opinando sobre el Estatuto", añade. "También me parece que no es digno que ellos, que instruyeron todo, le dejen la patata caliente a los que vengan".

José Luis Aurtenetxe, letrado del Parlamento vasco y propuesto por el PNV, admite que "la candidatura se ha hecho vieja". "No sé hasta qué punto esa vejez debe producir efectos. No quiero entrar en valoraciones". Añade que "el tribunal tiene un problema serio que tratará de resolver, por lo que se está publicando y nadie ha desmentido". "Es seguro que se produciría un retraso, pero eso no significa que no deba renovarse", concluye Aurtenetxe.

Ignacio Espinosa Casares, presidente del Tribunal Superior de La Rioja, sostiene que "no se pueden dar pasos [en la renovación] cuando un tribunal tiene la sentencia a medias". "Con la sentencia se va a descongestionar todo. Sería disfuncional meter a cinco personas nuevas [los cuatro del Senado más el sustituto del fallecido Roberto García-Calvo, que debe nombrar el Congreso] en el Constitucional. Esas personas no iban a tardar menos de un año en ponerse al día. Y toda España está pendiente de esa sentencia por lo que implica para Cataluña y para otros estatutos que dicen lo mismo aunque no estén recurridos".

"Claro que me sigo considerando candidato, como los demás. Estoy esperando que me llamen [del Senado], como los demás", asegura el magistrado.