Fronteras sanitarias

Los impulsos más europeístas topan a menudo con invisibles pero infranqueables fronteras. Hace tiempo que la Unión Europea busca la manera de compartir sus servicios sanitarios para ampliar la oferta a los ciudadanos, promover la competencia y fomentar la excelencia. Pero los sistemas sanitarios europeos son demasiado dispares como para que tal ambición europeísta se pueda hacer realidad tan fácilmente.

El martes pasado, España (junto a Portugal, Grecia, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Lituania) bloqueó el proyecto que apuntaba en tal dirección, dejando herida de muerte la directiva que proponía la Comisión Europea. El principio de la norma es permitir a los ciudadanos que sean atendidos en otro país comunitario distinto al suyo cuando consideren que este último no les ha facilitado la prestación sanitaria que requieren en tiempo y forma.

España ha rechazado prácticamente todos los procedimientos contemplados en el proyecto de directiva para aplicar el principio general. El texto elimina la autorización previa que ahora necesita el ciudadano para recurrir a otro país, lo que, alega España, impide la tutela del sistema público de salud. Se obliga al paciente a pagar de antemano los gastos, lo que limita su disfrute en función de su nivel económico, ha explicado la ministra Trinidad Jiménez. El texto permite optar por un centro privado (a cuenta del erario público), una opción que no se contempla a nivel nacional, y, finalmente, impone al país de residencia la obligación de reembolsar los gastos de esa atención transfronteriza, lo que incluye el coste del desplazamiento. Este último punto, según Sanidad, resulta especialmente lesivo para España, un país en el que residen casi dos millones de ciudadanos comunitarios, la mayoría de ellos jubilados.

La falta de acuerdo sobre este proyecto de directiva indica que la Unión Europea está muy lejos de lograr esa sanidad transfronteriza que tantos han acariciado y que de alguna manera ya ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. A falta de una directiva europea, que los ministros de Sanidad deberían ser capaces de acordar en un futuro próximo, habrá que insistir en el camino ya emprendido de la cooperación entre los sistemas e idear fórmulas que logren la finalidad principal de ampliar y mejorar la oferta al ciudadano.