La Constitución necesita cambios

La Constitución Española cumple hoy 31 años, pero tiene achaques. Así lo consideran ocho de cada 10 españoles (el 84%), para los que la norma fundamental necesita reformas. La Encuesta de Clima Social de Metroscopia refleja que una amplia mayoría (el 70%) querría incluir en el texto constitucional la regulación del uso del catalán, el euskera y el gallego en las comunidades autónomas en las que son oficiales. El 61% de los entrevistados la modificaría para dar voto en cualquier elección a los inmigrantes con permiso de trabajo y residencia, mientras que poco más de la mitad (el 51%) eliminaría la mención especial a la Iglesia católica.

Que la inmensa mayoría de los ciudadanos crean que debe ser modificada no significa que la consideren una mala norma jurídica. Seis de cada 10 (el 62%) la califican de "buena", frente a algo menos de un tercio que la tilda de "regular" y un mínimo 6% que prefiere el adjetivo "mala". Es también un sentimiento mayoritario (apoyado por el 69%) que en la norma no han prevalecido los intereses de ningún partido o corriente política en particular. Puede que por esa razón, casi 6 de cada 10 entrevistados (58%) sólo son favorables a realizar "pequeñas modificaciones" en la Carta Magna. La cuarta parte (26%) es favorable a "una reforma a fondo", mientras que el 12% quiere que se quede como está.

En consonancia con la preferencia mayoritaria de aprobar cambios menores, entre las modificaciones no se encontraría la de la forma de Estado. La Monarquía parlamentaria sigue siendo el régimen favorito de los españoles -la prefiere el 66%-, un porcentaje que, con pequeños altibajos, se ha mantenido estable en los últimos 13 años. Los favorables a instaurar una hipotética tercera república reflejan, sin embargo, un incremento sostenido en ese mismo periodo. En los últimos años de la década pasada sus partidarios oscilaban entre el 11% y el 15%. En 2009 se han incrementado en 10 puntos y han dado el salto hasta el 25%, la cuarta parte del país.

La reforma favorita entre los encuestados es la regulación del uso de las lenguas cooficiales, demandada por siete de cada 10 españoles. Le sigue la de dar derecho al voto a los inmigrantes regularizados en cualquier elección -no sólo municipal o autonómica- con un apoyo del 61%, y la de abolir la pena de muerte también para tiempos de guerra -la actual redacción remite en ese caso a lo que establezcan las leyes penales militares-, preferida por el 56%. Más discutido (lo apoya el 51%) sería eliminar la referencia especial a la Iglesia contenida en el artículo que regula la libertad religiosa o la de la distinción entre nacionalidades y regiones.

Casi la mitad de los entrevistados (48%) blindaría las competencias del Estado para impedir nuevas transferencias a las comunidades autónomas y sólo el 36% derogaría el papel que la norma fundamental da al Ejército como garante de la unidad de España.