Nadal defiende que el gerente del Incasòl no incumplió la ley

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, aseguró ayer que el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) "no ha recibido ni pagado" comisiones, y recordó que en caso de que éstas hayan existido han sido "entre personas privadas", por lo que no cabe investigar a la empresa pública de suelo de la Generalitat.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputa al gerente del Incasòl, Emili Mas, un delito de actividades prohibidas a funcionarios supuestamente cometido al emitir un informe como asesor externo del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet siendo gerente del Incasòl. El artículo 441 del Código Penal tipifica estas actuaciones "fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos".

El gerente del Incasòl declaró ante Garzón que actuó en beneficio público

Con relación a esta incompatibilidad que atribuye Garzón a Mas, el consejero Joaquim Nadal afirmó que estudiará si podía o no compaginarlos. "Creemos que sí son compatibles", afirmó Nadal en contra de lo sostenido por el juez, "pero vamos a averiguarlo", precisó, informa Lluís Visa. El Gobierno catalán sostiene que Mas no comunicó a ninguno de los dos consejeros de los que depende (Nadal y Baltasar) sus actividades en Santa Coloma de Gramenet. Eso no excluye que el dimitido gerente del Incasòl hubiera notificado esas actividades de asesoramiento externo al propio departamento. "El lunes nos pondremos a averiguarlo", explicó un portavoz del Ejecutivo, que se puso la venda antes de la herida al asegurar que podría darse el caso de que, al confiar en que la actividad no era incompatible, el Incasòl hubiera recibido alguna comunicación y que ésta no fuera tenida en cuenta.

Felip Puig, secretario general de Convergència Democràtica (CDC) confió en que el consejero Nadal no acabe "quemándose" las manos después de asegurar que pondría la mano en el fuego por Mas. CiU espera que tanto Nadal como Baltasar comparezcan de forma voluntaria en el Parlament para dar explicaciones y zanjar sospechas. De entrada, CiU presentará un batería de preguntas al Gobierno para que dé explicaciones y quiere tener acceso a expedientes de gestión patrimonial del Incasòl relacionadas tanto con operaciones urbanísticas inscritas en la Operación Pretoria como fuera de ella.

Joan Castelló, abogado de Mas, aseguró ayer al salir de la Audiencia Nacional que este caso es "como una comedia de enredos con unas graves consecuencias". El abogado aseguró que confiaba en que "esto termine lo antes posible" y se mostró "convencido de que va a ser así".

Mas ha sido dado de baja temporalmente del PSC y ha abandonado el cargo, después de que el juez Garzón asegurase en un auto que mantenía una "fluida relación" con el ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama Luis García, Luigi, "relacionada con cuestiones urbanísticas e inmobiliarias". Así, y como vicepresidente de Marina Badalona, gestora del puerto de esa ciudad, habría "facilitado" la intervención de García y los ex altos cargos de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta en una operación urbanística en Cerdanyola del Vallès y en otra en El Prat de Llobregat en las que hubo pago de comisiones.

Tanto Mas como los otros tres imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística defendieron ayer su actuación en la Audiencia Nacional y explicaron que siempre actuaron "en beneficio público". Así, el ex alcalde del PP Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros negó tener alguna relación con cualquiera de los otros 19 imputados en la causa. Garzón sostiene que durante su mandato "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento". También declaró el ex teniente de alcalde de Urbanismo del PSC de esa localidad, Antoni Jiménez, quien también negó los indicios que relata el juez sobre su participación en la llamada Operación Niesma, desarrollada entre 2003 y 2007 y en la que supuestamente se defraudaron 12.377.000 euros. Ros y Jiménez han sido dados de baja en sus partidos.

Ayer declaró también Juan Felipe Ruiz Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias, que ayer dimitió como consejero delegado de la sociedad Marina Badalona. Su abogado, José María Fuster-Fabra, señaló que la gestión de su cliente siempre ha beneficiado a Badalona. Garzón sostiene que Ruiz Sabido es "persona muy próxima" a Luigi, y que así se explica que le hubiese ayudado "con decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba éste". Garzón no tomó ninguna medida cautelar contra los imputados.