¿Progreso o giro a la derecha?

Vivimos una crisis sin precedentes. La caída de la recaudación fiscal no tiene parangón. La Generalitat ha visto caer sus ingresos tributarios un 24,4%. Lo que está en riesgo ya no es el ensanchamiento del Estado de bienestar, sino incluso el mantenimiento de las políticas sociales.

Pero el debate fiscal en Cataluña gira en torno al impuesto de sucesiones. Aunque hay unanimidad a la hora de hacer que clases trabajadoras y medias no paguen por él, hay quien plantea su eliminación de facto. No sería la primera vez que pasa algo similar. Este tributo conserva una capacidad recaudatoria significativa en las comunidades donde gobierna la izquierda (Andalucía, Asturias, Aragón, Extremadura y Cataluña). No es casual que esos cinco territorios, con un 44% de la población potencialmente dependiente, hayan reconocido el 58% de las prestaciones de toda España. Donde hay menos ingresos el desarrollo del Estado de bienestar es menor. La reforma debe hacerse, pero sin dogmatismos ni la insensibilidad social de quienes apuestan por dejar de recaudar buena parte de esos 1.000 millones de euros. Un Gobierno con sensibilidad social debería hacerlo con serenidad y diálogo.

Por otra parte, hay que recordar una historia reciente: la de la negociación por una financiación autonómica justa. Nuestro principal argumento fue la necesidad de disponer de los recursos suficientes para afrontar los retos de nuestro país. Y estuvimos un largo año negociando para mejorar la propuesta. Hoy estamos en vías de aprobar una reforma fiscal que tira por la borda la mitad de lo que se consiguió: 1.600 millones de más.

El Gobierno de la Generalitat ha formulado una propuesta que permite que una familia con cónyuge y dos hijos pueda recibir sin pagar la primera residencia, la empresa familiar y 1,3 millones. Pero una visión tan laxa acerca de lo que es la clase media tiene un extraordinario efecto recaudatorio, con un recorte del 75% de los ingresos que genera el impuesto. Dicho de otro modo, dejamos de ingresar el sueldo de uno de cada tres maestros, más de lo que invertimos en I+D+i o casi el equivalente al presupuesto del Departamento de Trabajo. Si así fuese, la principal apuesta en política fiscal y económica sería más que discutible en términos equitativos, y a su vez inútil para reactivar la economía.

Algunos creemos que el impuesto de sucesiones tiene sentido por su carácter redistributivo. En Europa, la mayoría de los países mantienen este impuesto sobre el patrimonio, y en EE UU incluso Bill Gates se ha manifestado en contra de su supresión. Sería más equilibrado eximir del gravamen la primera vivienda y hasta 200.000 euros por hijo. Estamos a punto de tomar, de forma voluntaria e irreflexiva, una de las decisiones que afectan más a nuestro autogobierno, a riesgo de convertirnos en un Gobierno incapaz de garantizar los servicios públicos. Es una cuestión de modelo, y Esperanza Aguirre lo tiene claro: que las grandes herencias no paguen impuestos aunque sea a costa de una sanidad que acumula más de la mitad de las negligencias médicas del Estado. Un modelo que algunos rechazamos.

Hasta ahora, la Generalitat ha acertado en sus políticas para paliar la crisis con una clara orientación social de los presupuestos. Pero si prospera una reforma que nos deja a las puertas de la eliminación del impuesto, los que han liderado dicha reforma deberán explicar qué van a recortar, cuántas escuelas se dejarán de hacer o cuánto se alargarán las listas de espera.

Muchos progresistas entendían la necesidad de una reforma y ahora están atónitos al ver que una herencia de tres millones a repartir entre tres hijos podría pagar el 70% menos.

O nos sumamos a quienes quieren privarnos de instrumentos para fomentar la igualdad de oportunidades o apoyamos a decenas de entidades como Cáritas, Favc, Attac, CC OO o UGT, contrarias a ampliar las diferencias sociales. En media España se optó por lo primero y el desigual despliegue de la ley de dependencia lo demuestra. El dilema de la Generalitat es si despliega políticas sociales compatibles con una reforma razonable del impuesto o permite que dejen de pagar esos millonarios que algunos definen como clases medias, si hacemos políticas de progreso u optamos por un giro a la derecha. Sin lugar a dudas, una cuestión de opciones.

Joan Herrera es secretario general de ICV.