Juicio a un celador por abusar de una mujer que creía anestesiada

Beatriz B. M. tenía 22 años cuando, el 4 de mayo de 2007, fue al sanatorio quirúrgico Virgen del Mar, en Madrid, para operarse de las muelas del juicio. Tras la intervención, que le hicieron con anestesia general, un camillero la trasladó a su habitación. Cogió el ascensor de la planta sexta a la segunda. En el trayecto, aprovechando que estaba solo con ella y que Beatriz parecía estar aún bajo los efectos de la anestesia, "le introdujo un dedo en la vagina y le tocó un pecho", según el relato que hace la fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales. El juicio se celebró ayer. El fiscal pide ocho años de prisión para el celador por un delito de abusos sexuales.

El escrito de la fiscalía detalla que Máximo C. G., español, no empleó violencia o intimidación con la víctima, ya que al verla con los ojos cerrados creyó que estaba medio dormida por la anestesia. Según el relato, dejó de abusar de ella al darse cuenta de que Beatriz lloraba. El fiscal considera que en este caso existe la circunstancia agravante de "aprovechamiento de circunstancias que debilitan la defensa" de la víctima. Por ello pide ocho años de prisión, inhabilitación para ejercer el oficio de celador y prohibición de comunicarse con la víctima o acercarse a menos de 500 metros de ella durante 10 años.

A puerta cerrada

Beatriz declaró ayer en el juicio, que se celebró a puerta cerrada, durante unos 20 minutos. Al salir se abrazó a sus padres, que la esperaban en los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. Ninguno quiso comentar nada sobre el juicio, que empezó con un retraso de 45 minutos y se prolongó durante cuatro horas y media. Además de Beatriz declararon otras tres personas. Entre ellas, uno de los directores de la clínica en la que sucedieron los hechos.

El sanatorio quirúrgico Virgen del Mar declinó ayer confirmar si el celador sigue trabajando en el centro. El gabinete jurídico del sanatorio envió ayer una nota de prensa para negar que tenga alguna responsabilidad civil en el caso. La fiscalía, en su escrito provisional, afirma que el centro es responsable civil subsidiario, por lo que pide que se haga cargo de la indemnización por daños morales de 3.000 euros a la víctima. Sin embargo, el sanatorio aseguró que ha sido citado únicamente como testigo y aportó un escrito de la representación de la víctima en el que renuncia a reclamar indemnización.