El juez abre la puerta a la destitución de Díaz Pardo en el Grupo Sargadelos

La batalla para destituir a Isaac Díaz Pardo al frente del Instituto Galego da Información (IGI), último reducto del intelectual galleguista en el Grupo Sargadelos, se reabrirá en los próximos días. Dos años después de la junta general del IGI en la que la mayoría que controla el grupo empresarial fracasó en su intento de desalojar a Díaz Pardo, un juez de A Coruña ha forzado una nueva convocatoria de los accionistas para los próximos 11 y 12 de enero. En el orden del día figura la censura de la actual gestión de la sociedad, en la que Díaz Pardo figura como consejero delegado, y el nombramiento de nuevos administradores.

Perdido el control del grupo que él mismo fundó junto a Luís Seoane, Díaz Pardo, de 89 años, halló refugio en el IGI, creado originalmente para editar un periódico que nunca vio la luz y que en los últimos años ha centrado buena parte de la actividad cultural del grupo, por lo demás dedicado a la fabricación de cerámica. En el IGI tiene incluso su vivienda Díaz Pardo, que, además de perder sus cargos en la sociedad, corre el riesgo de ser desahuciado.

Los accionistas mayoritarios de Sargadelos acusan al veterano intelectual de no rendir cuentas ante el grupo, en una delicada situación económica que le ha llevado incluso a tramitar un expediente de regulación de empleo temporal en sus fábricas de cerámica. El primer intento de destituir a Díaz Pardo se produjo en diciembre de 2008, cuando se forzó la convocatoria de una junta general de accionistas que resultó tumultuosa y controvertida. Representantantes del mundo de la cultura, algunos de ellos integrantes del grupo de 327 socios del IGI, se movilizaron en apoyo del fundador del grupo. Aunque los accionistas que controlan alrededor del 75% de Sargadelos tenían asegurada la mayoría, la junta estaba presidida por Víctor Rupén, un partidario de Díaz Pardo, que decidió no someter a votación la propuesta de destituir al consejero delegado alegando que no figuraba de modo expreso en el orden del día.

Entonces se inició un episodio judicial más dentro del sinfín que se han cruzado en los últimos años en la batalla por el control del grupo. A petición de la mayoría, el juez de lo Mercantil número 1 de A Coruña, José María Fernández Abella, dictó un auto el pasado 11 de noviembre en el que ordena convocar la junta de accionistas del IGI para el próximo 11 de enero, en primera convocatoria, y el día siguiente, en segunda. En el orden del día figura expresamente la "censura de la gestión social del ejercicio de 2008" y el nombramiento de nuevos administradores.

La actuación de Víctor Rupén en la junta general de hace casi dos años fue muy cuestionada por los accionistas mayoritarios, que incluso han planteado otro procedimiento judicial contra él. Ahora han logrado del juez que la asamblea del próximo enero sea presidida por una persona que designe el Colegio de Abogados de Santiago.

El magistrado rechaza también las alegaciones presentadas por Díaz Pardo. El aún consejero delegado del IGI argumentaba que la convocatoria de la junta "forma parte de una estrategia" para "hacerse con el control del IGI" con el propósito de "desmantelarlo de forma continua". Díaz Pardo asegura que los accionistas mayoritarios ya tienen en su poder la documentación societaria que reclaman.