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Columna
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La peste

"La formulación de un problema, es más importante que su solución", dijo Albert Einstein. Algunas instituciones y partidos anuncian ahora medidas anticorrupción que serán estériles si no se formula el problema de manera adecuada. En las múltiples causas que confluyen en la corrupción, cuenta el sálvese quien pueda de unas relaciones humanas y de producción que alientan el consumismo y el afán de posesión. No bastan, aunque sean imprescindibles, la actitud personal y la sanción. Son necesarios planes educacionales, análisis y cambios estructurales para lograr una cohesión moral que limite la corrupción.

El vínculo entre política y administración resulta peligrosamente estrecho. En ella habita una de las raíces de la corrupción. Quien ejerza poder ha de encontrar trabas para acapararlo, debe restarse competencias a órganos ejecutivos unipersonales y limitarse la posibilidad de ejercer el gobierno durante más de dos legislaturas, restringiéndose la creación de fundaciones, institutos, empresas y entes públicos y muchos otros organismos dirigidos por cargos de confianza del político de turno. Junto a la gestión indirecta -salvo en el caso de empresas sociales- en nombre de una supuesta eficacia, generan servidumbres que alimentan el ansia de poder y promueven el tráfico de influencias y el clientelismo.

La corrupción arraiga en el estrecho vínculo entre política y administración

Mientras las consultas y la participación ciudadanas en la planificación urbana brillan por su ausencia, los planes generales se modelan según los intereses de las grandes constructoras e inmobiliarias, siendo la iniciativa privada la que diseña la ciudad. Deben evitarse recalificaciones de suelo no urbanizable y convenios urbanísticos, meras compraventas de recalificaciones, así como un exceso de normativa que ahogue la actividad institucional y dé pie al tráfico de influencias y la compra de voluntades para aligerar trámites. El público debe tener acceso a información de cualquier transacción. Transparencia en la contratación, fiscalización, y participación ciudadana son ejes anticorrupción, así como la lucha contra la evasión de capital y el desenmascaramiento de la colaboración de empresas y entidades bancarias.

El rendimiento de cuentas es consustancial a la democracia, pero hay que hacerlo sin que quepan subterfugios que eluden el control económico. Si fuese posible revocar cargos públicos, más de uno duraría menos de una legislatura. Es preciso evitar la impunidad mediante sanciones jurídicas de acuerdo a la entidad del delito. En la sanción social, importan los medios, pero si prima el escándalo y el amarillismo, gana el espectáculo y pierde la conciencia. Lo mismo cabe decir de la utilización partidista de la denuncia de la corrupción. Sería deseable un gran Pacto Anticorrupción que abordara estos asuntos, entre otros, y que incluyese la destitución inmediata de cualquier cargo imputado o condenado por la justicia.

No es fácil fijar los límites entre corrupción y legalidad. Los grandes sindicatos y partidos políticos en el poder actúan como redes clientelares y su afiliación busca en buena medida arrimarse al sol que más calienta. Pequeños partidos y sindicatos pueden reproducir el mismo esquema si no se empeñan en lo contrario. Asimismo, no es delito recibir determinados regalos, o que el salario del político medio de un parlamento sea netamente superior al de un salario medio, o que los diputados con once años de mandato tengan garantizado el cobro de la pensión máxima. Pero algo hay de corrupto en esas decisiones que alejan las condiciones laborales de quienes se dedican a la alta política de las que tienen quienes representan. Ahí están los puestos enormemente remunerados que se les ofrece a ex presidentes, ex ministros y otros ex. A menudo, el cargo público se ejerce en beneficio propio. Hay numerosas concejales que trabajan sin cobrar salarios de escándalo e incluso sin cotizar a la Seguridad Social. Pero su altruismo queda en entredicho al aceptar pequeñas prerrogativas -entrada gratuita a espectáculos, comidas y viajes innecesarios, trajes de etiqueta- que, aunque de escasa entidad, anuncian una carrera política en la que cada vez será mayor la diferencia entre su estatus y el de otras personas trabajadoras. El tinte de privilegio que adquiere el salario de cualquier cargo desde la alcaldía hacia arriba acaba empañando la labor de todo el estamento político.

Puede que, una vez más, haya quien diga que este es un discurso utópico. Pero, por ejemplo, países nórdicos que figuran entre los menos corruptos del mundo apenas tienen cargos de libre designación. El escepticismo es enemigo de la acción, del cambio. Vista la formulación del problema, entonces sí caben soluciones y entonces sí cuenta también la actitud individual y colectiva. Como dijo Albert Camus en La Peste: "Es una idea que puede que le haga reír, pero el único medio de luchar contra la peste es la honestidad".

Milagros Rubio es concejal y miembro de Batzarre.

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