La gran redada

La detención por la Guardia Civil y la Policía Nacional de 34 miembros de Segi, la organización juvenil del entramado dirigido por ETA, ha sido calificada por portavoces de la izquierda abertzale como un intento de cerrar el paso mediante la fuerza "a todas las vías de solución"; un portavoz de Aralar precisó la misma idea diciendo que las detenciones eran un intento de "entorpecer el proceso interno que ha iniciado Batasuna". Por su parte, el ministro Rubalcaba declaró que el primer objetivo de la redada era impedir la reconstrucción de una organización ilegalizada por los tribunales.

Segi, sucesora de Jarrai y de Haika, también ilegalizadas en su momento, es la organización encargada de la llamada violencia callejera: ataques a edificios públicos, sedes de partidos, entidades bancarias, mobiliario urbano, autobuses y personas. Su nivel máximo de actividad se produjo en 1996, con 1.113 ataques. El año pasado, tras cuatro consecutivos de aumento, la cifra disminuyó, pero todavía se registraron 227 ataques, de los que 56 fueron contra adversarios ideológicos: sedes de partidos, especialmente del PNV, y propiedades de militantes.

La sentencia del Tribunal de Estrasburgo que avalaba la ilegalización de Batasuna establecía que esa decisión no sólo no contravenía el Convenio Europeo de Derechos Humanos, sino que era "una necesidad social imperiosa", dada su condición de "instrumento de la estrategia terrorista de ETA". Sería difícil argumentar que esa consideración no es aplicable a una organización juvenil que realiza las actividades antes resumidas. Y a cuyos miembros ahora detenidos les fue incautado material para preparar explosivos y manuales sobre cómo hacerlo y boletines internos de ETA.

No hay duda de que en la izquierda abertzale hay personas convencidas de que el tiempo de ETA ha pasado. Sin embargo, del contenido de la última ponencia de Batasuna se deduce que su dirección no ha renunciado todavía a una estrategia político-militar que incluye la coacción: la de ETA y la de las cuadrillas juveniles de acoso. Mientras las cosas estén así, detenciones como éstas no sólo no entorpecen un posible debate sobre la renuncia a la violencia, sino que contribuyen a despejarlo. Actualmente se perciben en ese mundo dos formas de plantear el debate: la de quienes proponen un cambio de estrategia por el cual la mayoría de la población les facilitaría el camino hacia la independencia a cambio de la retirada de ETA, y la de quienes defienden directamente el fin de la violencia y piden ayuda para liquidar sus efectos: presos, etcétera.

Una condición para el fin de ETA es dejar claro que no habrá otro proceso como el que ETA dinamitó en la T-4; y es llamativo que fueran los políticos que más lejos llegaron entonces, con Eguiguren a la cabeza, los que más insisten ahora en cerrar esa puerta; aunque no sea malo mantener abierta la de la reconciliación: para después de la entrega de las armas.