Casi mil trabajadoras protestan contra los recortes en Benestar

Las trabajadoras del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar se manifestaron ayer por las calles de Santiago contra los recortes de la Xunta. Varios cientos de personas, convocadas por la CIG, portaron pancartas contra los reducción de los servicios sociales y por la aplicación del convenio colectivo en el organismo dependiente de la Consellería de Traballo e Benestar. En el telón de fondo de la protesta figuraban las 61 empleadas de las oficinas de Igualdade e Benestar que, según anunció la Secretaría Xeral de Igualdade hace dos semanas, serán despedidas a finales de año.

A pesar de las denuncias reiteradas de la CIG, sindicato mayoritario en los cuatro comités del Consorcio, sobre los servicios mínimos impuestos por la dirección para la huelga de ayer, cerca de 800 personas, en su mayor parte mujeres, corearon consignas en las que exigieron la dimisión de Susana López Abella, responsable de Igualdade, y unos "servicios públicos de calidad". La plantilla de todas las entidades agrupadas en el organismo -escuelas infantiles, centros de día, oficinas de I+B y centros Quérote- sobrepasa los 1.100 trabajadores. La gerencia del Consorcio estableció servicios mínimos de entre el 30%, según la Xunta, y el 50%, según la central nacionalista, que ha llevado la decisión del Gobierno gallego a los tribunales.

Las manifestantes reclaman el cumplimiento del convenio colectivo

La marcha acabó frente a las dependencias del Gobierno autónomo en San Caetano, donde la presidenta del comité de A Coruña, Laura Estévez, recordó que "se trata de una muerte anunciada, la del Consorcio, que el PP anunció ya en enero de 2008". Las reclamaciones de los manifestantes enumeradas por la sindicalista incluyeron "el cumplimiento de un convenio colectivo negociado legalmente" y que la Xunta "no desmantele las oficinas I+B, que sólo tratan de descentralizar servicios sociales al rural".

La secretaria general de Igualdade, Susana López Abella, salió al paso de la manifestación y achacó los problemas de los trabajadores al bipartito de PSdeG y BNG. "Son algo que viene heredado", aseguró, "una serie de programas que no tenían consignación presupuestaria". López Abella no quiso hablar de despidos y repitió la argumentación sobre "los contratos por obra y servicio" de las 61 trabajadoras de I+B que cesarán en diciembre. Y aunque reiteró que los programas desarrollados desde las oficinas seguirán adelante en la consellería, lo cierto es que desaparecen como tal y eso da lugar a la finalización de contrato laboral de las 61 trabajadoras. López Abella también se refirió a la importancia de la colaboración de los ayuntamientos. "Así se lo transmitimos al presidente de la Fegamp".