Rajoy pide prestigiar la política con reformas legales contra la corrupción

Mariano Rajoy causó ayer el fervor unánime, como siempre que está en Sevilla, escoltado por su hombre fuerte y jefe del PP andaluz, Javier Arenas, lejos de los escándalos y las batallas de poder de Madrid. Y eso que el asunto que iba a tratar, la corrupción, lleva aparejada la lacerante sombra del caso Gürtel, un asunto aún no resuelto que ha convulsionado como ningún otro a su partido. "No tenemos nada que ocultar. Hay que lanzar el mensaje de que estamos dispuestos a hablar de esto, la mayoría de los políticos son honrados, pero hay quien hace lo que no se debe", proclamó.

En la clausura de la XV Unión Intermunicipal que se ha celebrado en la capital andaluza, el líder del PP completó ayer una lista de 50 medidas para dignificar la vida pública que trasladará hoy al resto de las fuerzas políticas con el propósito de alcanzar un gran acuerdo. "No queremos imponer nada, queremos hablar, que se discutan las cosas", dijo en tono conciliador, para lo que incidió en la necesidad de hacer pedagogía ante la ciudadanía sobre la nobleza y la vocación de servicio de la política.

"No hay nada que ocultar. Estamos dispuestos a hablar" de la corrupción

Tras el adelanto el viernes de alguna de las sugerencias -como prohibir los regalos caros a los cargos públicos-, Rajoy propuso endurecer y ampliar los tipos penales relativos a la corrupción y ampliar el plazo de prescripción de los delitos. La reforma del Código Penal para endurecer las penas por corrupción ya ha sido enviada por el Gobierno al Congreso. También propone el PP evitar el fraccionamiento y la concentración de los contratos mediante el abuso de los contratos menores, algo que hicieron administraciones gobernadas por el PP -como la Comunidad de Madrid y la Valenciana- con la propia trama Gürtel, a la que le adjudicaban a dedo numerosos contratos inferiores a 12.000 euros, el mínimo a partir del cual haga falta concurso.

La idea del PP es que se impida la concurrencia de las empresas del mismo grupo y se excluya la licitación a sociedades pantallas creadas ad hoc, a la vez que se publiciten los citados contratos a través de las páginas web institucionales, trasladándolos a la Cámara de Cuentas.

Para aumentar la objetividad en la gestión pública, otras de las medidas son establecer como obligatoria una comisión de vigilancia de la contratación en los ayuntamientos, que esté presidida por un concejal de la oposición; y conferir carácter decisorio en la valoración de ofertas a la más económica. Los ex concejales y ex altos cargos de la administración y empresas públicas no podrían, según el proyecto del PP, contratar con ellas hasta pasados dos años de su cese. En cuanto a las mociones de censura, Rajoy emplazó a impedir que se presenten durante el primer y último año de mandato, a no ser que estén avaladas por dos tercios de la corporación.

Para subrayar la oportunidad de sus propuestas, y siempre sin mencionar al caso Gürtel, Mariano Rajoy recordó que, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General del Estado, los cargos públicos sometidos a investigación no llegan ni al 0,7%. "Es injusto extender un manto de descrédito sobre la clase política. Es malo para España y por eso lo voy a combatir", dijo.

La mayor expresión de su voluntad de acuerdo con el resto de los partidos es que evitó atribuir el grueso de políticos bajo sospecha de corrupción a las filas del PSOE, como hizo el día anterior la vicesecretaria Ana Mato, ni mencionó el sistema de escuchas Sitel, al que sí aludió la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un fogoso discurso sobre la precariedad económica de los ayuntamientos.

Javier Arenas obsequió a Rajoy con una fotografía del multitudinario acto celebrado en Dos Hermanas (Sevilla) el pasado septiembre, del que el líder del PP salió con el auditorio puesto en pie. Como ayer.