Más de 4.000 personas protestan contra la legalización

La cita era a las once de la mañana. Pero mucho antes se habían congregado en la plaza de toros de Chiclana cientos de personas para participar en la primera gran manifestación contra la legalización de casas. Finalmente, la convocatoria reunió a más de 4.000 personas que rechazaron las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento que fija el proceso de regularización.

"Es un coste desorbitado", protestó Guillermina Ramírez, una de las portavoces vecinales. "Hemos intentado hablar con el alcalde pero no nos ha dejado más remedio que salir a la calle", añadió. Familias enteras con sus hijos, portaban pitos y carteles en los que se presentaban víctimas de la imposición del gobierno municipal y de la Junta. "Esto lo tiene que pagar el 50% el Gobierno andaluz; el 25%, el Ayuntamiento y el resto, nosotros", propuso otro representante vecinal, José Galván.

La marcha acabó en la plaza de las bodegas. Hubo también reproches al defensor del pueblo, José Chamizo, quien se ha mostrado en contra de que las administraciones paguen la regularización a los que construyeron sin permiso. El consejero de Vivienda, Juan Espadas, recordó a los manifestantes que el proceso ha evitado "medidas más drásticas" contra ellos.

"Nos queréis robar"

La mayoría de lemas coreados y los carteles portados por los manifestantes contenían mensajes contra el alcalde, el socialista, José María Román, y contra la concejal de Urbanismo, Cándida Verdier. "Nos queréis robar lo que consiguieron nuestros abuelos". "Dejáis una herencia de ruina a nuestros hijos". "Que lo pague tu prima", se pudo escuchar y leer a lo largo de la marcha.

Las ordenanzas para la regularización están pendientes de la respuesta que se dé a las alegaciones presentadas. Al Ayuntamiento llegaron un total de 6.084, aunque, como destacó el equipo de gobierno, el 72% de ellas fueron presentadas por personas que no residen de forma habitual en esas casas. Es decir, que las utilizan de segunda residencia. El Consistorio tiene claro que los que utilizan su vivienda ilegal como único domicilio son los verdaderos interesados en contar con servicios e infraestructuras y son los que están dispuestos a pagar por ello.