El giro del Constitucional contra el Estatuto dispara las alarmas en el PSC

Las espadas vuelven a estar en alto en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Los tambores de guerra que llegan desde el Tribunal Constitucional, donde se ha configurado una mayoría contraria al Estatuto catalán, han disparado las alarmas en el PSC después de meses de advertencias veladas sobre las funestas consecuencias que tendría un recorte del texto. Aunque el mensaje oficial sigue siendo que nadie debe preocuparse porque el Estatuto es constitucional, éste ya se mezcla con señales dirigidas hacia el Gobierno central. El último ejemplo fue ayer. Tras la reunión del Ejecutivo catalán, la consejera de Trabajo, Mar Serna, ayer en funciones de portavoz, alertó de que un recorte del Estatuto tendrá indefectiblemente una "respuesta política". Serna dijo que los ciudadanos tendrán que "acatar" la sentencia que salga, pero dejó claro que el Gobierno se reserva el derecho a discrepar.

Esta respuesta del Gobierno catalán llega después de que la primera votación informal del TC sobre el Estatuto evidenciara la semana pasada que hay una mayoría contraria a los grandes principios políticos del texto: la definición de Cataluña como "nación", la apelación a los "derechos históricos" y la equiparación del catalán y el castellano. De hecho, el término "nación" ya no aparecía en el borrador que se votó la semana pasada.La desaparición de un término con tanta carga política (véase EL PAÍS del 13 de noviembre) hace temer lo peor en el tripartito y en el PSC. El Gobierno no debatió ayer sobre el asunto, pero fuentes del Ejecutivo admitieron que la "preocupación" es grande. Esto llega después de que en la ejecutiva del PSOE del pasado lunes, el presidente Zapatero recordara al PSC que deben acatarse las sentencias que dicta el Constitucional.

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlament, Carme Figueras, aseguró que el retraso en la sentencia "está generando mucha inquietud y mucha radicalización" y apremió a los magistrados a fallar después de más de tres años de deliberaciones: "Sería bueno que se resolviera con celeridad".

Los mensajes que llegan desde el Tribunal Constitucional y el PSOE provocaron una respuesta airada del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol. "Claro que acataremos la sentencia, porque si no, nos enviarán la Guardia Civil. Hace muchos años que acatamos cosas. Lo que pasa es que no estaremos de acuerdo y lo diremos y, además, les increparemos", dijo Pujol en declaraciones a RAC-1. En opinión del ex presidente, los catalanes deberán transmitir a los magistrados que no tienen razón, "que no van bien, que en nuestro ánimo no lo aceptamos, que lo combatiremos y que tiraremos el país adelante más allá de todas las limitaciones que quieren imponernos".

También ayer la Generalitat decidió lanzar otro pulso al Gobierno central. Concretamente, decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la convocatoria que ha hecho el Gobierno para dar subvenciones a entidades de atención social que trabajan en Cataluña. "El Estatuto otorga competencias exclusivas al Gobierno catalán en esta materia" recordó la consejera Serna.

Los socios del PSC en el Gobierno catalán también criticaron el retraso del alto tribunal en dictar sentencia. Además, cuestionaron la legitimidad del Constitucional e incrementaron la dureza en su petición de que los magistrados dimitan por lo que consideran su ineficacia. La portavoz parlamentaria de Iniciativa, Dolors Camats afirmó: "Si el tribunal en su composición actual se manifiesta incapaz de llegar a un acuerdo debería dimitir o ir pensando en que la composición actual no le permite hacer su trabajo". Su homóloga en Esquerra Republicana, Anna Simó, se remitió a la proposición no de ley que hoy debe votar el Congreso que persigue cesar a los magistrados que han agotado su mandato en el Tribunal Constitucional.