Sensatez
Últimamente, quizá por efecto del estrés social causado por la crisis, en este país se está perdiendo la sensatez. He aquí algunas anécdotas indicativas. El portavoz del episcopado acusa de herejes a excomulgar, como si violasen algún dogma de fe, a los legisladores que van a reformar la actual penalización del aborto, dada su grave inseguridad jurídica. La Universidad de A Coruña, que no imparte la asignatura de Geología, se ha gastado un millón de euros en un instrumento geológico a cuyo único usuario le vence su contrato de becario. La nueva ley de financiación autonómica ha sido aprobada gracias al voto favorable de dos representantes de un territorio foral en el que no se puede aplicar. Ante los graves escándalos de corrupción que desacreditan al PP, su líder proclama su flemática indiferencia como si aquello no fuera de su incumbencia. El Ayuntamiento de Madrid presentó su candidatura a los Juegos Olímpicos de 2016 a sabiendas de que no podía ganar. El último premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales le ha sido otorgado a un divulgador de las ciencias naturales...
Es hora de una reforma laboral para crear dos millones de empleos
Y así podríamos seguir, acumulando perlas semejantes. Pero como broche de oro sólo señalaré otros dos ejemplos extremos de falta de sensatez. El PP se propone solicitar la anulación de los procesos incoados sobre la base de escuchas obtenidas mediante el sistema Sitel, que él mismo adoptó cuando ocupaba el poder, pero que hoy juzga inconstitucional. Su causa justificante es ejercer el derecho de defensa, dada su esperanza de que con ello se logre anular todos los procesos de corrupción política incoados contra miembros de su partido, haciendo del caso Gürtel una especie de caso Naseiro bis. Pero si triunfase su propósito, también se anularían otros muchos procesos penales, otorgando una inmerecida impunidad a los criminales y poniendo en muy grave peligro no sólo la lucha antiterrorista sino también la lucha anticorrupción, cuya fiscalía contra el fraude está obteniendo tantos y tan buenos resultados gracias al sistema Sitel.
Y en el otro bando político, la última muestra de falta de sensatez ha sido la crisis del atunero Alakrana, provocada por la grave imprudencia cometida tras la captura de dos piratas por la fragata Canarias. Entonces el Gobierno decidió traerlos a España para su entrega a la justicia, lo que no podía menos que bloquear las negociaciones para liberar a sus rehenes, como en efecto ha ocurrido. Toda persona sensata sabe que no se puede nadar y guardar la ropa. Y ante dos opciones contradictorias, como las que se le abrían al Gobierno (hacer justicia o liberar a los rehenes), lo más sensato es elegir pragmáticamente el mal menor. Pero lo que no se puede hacer, porque es una muestra de irresponsabilidad, es tratar de hacer las dos cosas a la vez (como los niños que lo quieren todo y ahora). Veremos ahora cómo acaba la cosa.
¿Tenemos derecho a esperar de nuestros gobernantes mayores pruebas de sensatez? Concedámosles un nuevo voto de confianza, y esperemos que sea así. Ahora se les abre un nuevo campo de pruebas para demostrarlo, y además de importancia crucial. Me refiero a la reapertura del diálogo social tripartito, tras el reciente acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la negociación colectiva. Solventado ese obstáculo, y tras la aprobación por el Congreso de los próximos Presupuestos y la nueva financiación autonómica, ahora el Gobierno ya puede concentrarse de lleno en la lucha contra la crisis, el paro y el déficit, procediendo a plantear a los interlocutores sociales las reformas estructurales necesarias para establecer un nuevo modelo productivo de economía sostenible: el gran objetivo estratégico que propuso solemnemente como salida de la crisis en el último debate sobre el estado de la nación. ¿Sabrá hacerlo con sensatez y responsabilidad?
Hasta ahora no ha sido así. Al comienzo, se empeñó en negar la evidencia de la crisis, perdiendo con ello una credibilidad que no le sobra precisamente. Y después se ha limitado a poner paños calientes, a la espera de que las cosas mejoren por sí mismas. Pero ya no se puede seguir así. Si dejamos que el tiempo pudra el problema, volveremos a las mismas andadas especulativas e inmobiliarias dentro de cinco años. Y mientras tanto seguirán pagando el precio de la crisis los de siempre: los desempleados. Por eso, ya es hora de hacer algo: una reforma laboral capaz de crear dos millones de empleos (única forma de enjugar el déficit estructural) en los próximos años. Pero una reforma laboral verdaderamente eficaz, y no sólo el nuevo ERE a la alemana (Kurzarbeit) que se va a adoptar para cubrir el expediente. ¿Tendrá el Gobierno sensatez suficiente para cumplir con su deber?
