Defensa confirma que la detención se practicó fuera de aguas somalíes
Los militares españoles detuvieron a los dos piratas implicados en el secuestro del Alakrana y presos en España fuera de las aguas territoriales de Somalia. Así lo recoge el informe redactado por Defensa a petición del juez Santiago Pedraz después de que el abogado de uno de los asaltantes planteara ayer al juez que la detención pudo cometerse en aguas sometidas a la jurisdicción de ese país, lo que supuestamente hubiera convertido las detenciones en ilegales.
La detención, según ese informe, se produjo a 120 millas de la costa de Somalia, en un lugar que queda fuera de las aguas territoriales de ese país. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar -ratificada en 1989 por Somalia- el mar territorial llega hasta las 12 millas (22 kilómetros) desde el litoral. En caso de que las detenciones se hubieran producido dentro de ese límite, habrían sido irregulares al haber actuado los militares españoles en territorio de otro Estado.
El punto exacto del arresto se encontraría dentro de la Zona Económica Exclusiva (hasta 200 millas o 370 kilómetros desde la costa), una franja sobre la que el Gobierno somalí podría ejercer derechos de explotación de recursos, pero en la que cualquier otro país puede detener piratas, según la Convención.
Otro de los argumentos del letrado es que el Alakrana no faenaba bajo pabellón español y sólo enarbolaba una ikurriña, por lo que España no podría actuar contra los asaltantes. Pedraz pidió a la policía que le informe de la nacionalidad del atunero, aunque fuentes de la Audiencia recuerdan que España es competente en delitos cometidos en buques españoles y el Alakrana, según la Sala Penal, lo es. Esas mismas fuentes subrayan que, tanto el armador como el patrón y varios tripulantes son españoles. La denuncia del abogado del Estado del 3 de octubre señala que el buque está "matriculado en Bermeo [Vizcaya]".
Por otro lado, el abogado pidió al juez que fije como delitos imputados al pirata los de robo y detención ilegal y no los 36 secuestros y la asociación ilícita que le atribuyó la Sala. También solicitó al fiscal que le diga si el proceso puede acabar ya o hay que terminar la instrucción.
