Doble varapalo judicial al trato que la Generalitat da a menores subsaharianos

Los jueces han asestado un varapalo doble a la Dirección General de Atención a la Infancia de la Generalitat (DGAIA) por la atención que presta en sus centros a los jóvenes subsaharianos que llegan a Cataluña sin familiares y con pasaportes que indican que son menores de edad. El organismo duda sistemáticamente de sus documentos y les somete a pruebas de calcificación de huesos y dientes para calcular su edad antes de tramitarles los permisos de residencia. Si los chicos se niegan a someterse a estos exámenes, la fiscalía los declara adultos y la DGAIA los echa de los centros de acogida.

Estas expulsiones quedan ahora en entredicho tras el fallo de un juez que obliga a la DGAIA a readmitir a uno de los afectados. Y otro magistrado ha mandado a la Generalitat tramitar los permisos a un menor tutelado.

El primero, ghanés, puede volver a dormir, desde anteanoche, en un centro de menores. Un juzgado decretó esta medida cautelar, que la DGAIA recurrirá, mientras decide si este organismo actuó bien expulsando al chico por negarse a pasar las pruebas en septiembre. "Ya me las hicieron en julio y me dijeron que era adulto. Pero en mi pasaporte pone que nací en 1992. No quiero más pruebas", dice el chico.

Asegura que durante las últimas semanas durmió, con decenas de personas, en un recinto ocupado. No es el primer expulsado que acaba en la indigencia, aunque fuentes de la DGAIA insisten en que se los deriva a los servicios de protección de adultos. El chico se alegra de haber vuelto al centro, que comparte con marroquíes. Pero no esconde su resentimiento: "A los negros nos tratan como animales", repite una y otra vez, y añade que "no se creen ningún pasaporte africano".

El otro chico, senegalés, deberá abandonar el centro el próximo jueves. Entonces cumplirá 18 años, según el certificado consular que le identifica. Y habría empezado su vida adulta sin permiso de residencia si el juez no hubiese decretado lo contrario. La DGAIA lo declaró desamparado y lo tuteló el pasado 7 de mayo, pero tampoco se cree su documento. Por eso ignoró la Ley de Extranjería, que en su artículo 35 declara regular a cualquier menor tutelado y obliga a las administraciones a tramitarle el permiso. Para no tener que hacerlo, los servicios de protección a la infancia calificaron su desamparo de "preventivo" y su tutela de "cautelar" a la espera de una prueba de edad que no realizó hasta octubre. El juez decretó en un auto que esta situación supone un grave perjuicio para el menor y por eso ordena a la DGAIA que inicie los trámites para documentarlo. El organismo ya ha obedecido.

Hay 20 chicos a los que la DGAIA se niega a tramitar el permiso, según el abogado Albert Parés. Y los expulsados de los centros de acogida son 46 desde mayo. Algunos han ido a los tribunales. Y dos ya han obtenido victorias.