Los 61 despidos de Traballo eliminan planes en 18 pueblos

El despido de los 61 trabajadores de las 18 oficinas de Igualdade e Benestar que anunció la Consellería de Traballo e Benestar el miércoles supondrá la eliminación de tres de los planes desarrollados desde los centros. Así, desaparecen el Plan Integral de Apoio ás Familias, el Plan Estratéxico Galego da Infancia e Adolescencia y el Plan de Igualdade de Oportunidades. Sólo se mantendrá el II Plan Galego de Inclusión Social, financiado con dinero de la Unión Europea y activo, en principio, hasta 2012. "Desaparecen los planes pero se mantienen las actuaciones que contenían", argumentan desde la Xunta.

Aunque en un comunicado oficial emitido anteayer, después de que la CIG denunciase el cese de los 61 empleados, Traballo afirmó que los planes se "seguirán desarrollando con personal y recursos de la Secretaría Xeral de Familia e Benestar", ayer se refirió a "las actuaciones". La consellería se escudó, además, en los contratos "de personal laboral temporal" de los técnicos de las oficinas I+B para no hablar de despidos de los 61 técnicos. Pero, al tratarse de vinculación por obra y servicio entre contratador y contratado, la relación laboral sólo termina si termina la obra. "Es contradictorio con afirmar que nuestro trabajo continúa", señaló la presidenta del comité de empresa de A Coruña del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, Laura Estévez. "Sólo significa que los planes quedan clausurados".

Estévez, una de los 114 asalariados de los centros I+B antes de los despidos, define su trabajo como "la descentralización de los servicios públicos de las ciudades para acercarlos al rural". Su labor incide "en los más desfavorecidos" y llega a cerca de 10.000 personas: protección de menores, apoyo a las familias con pocos recursos, potenciación de la igualdad de oportunidades. "La Xunta alega ahora que se duplican funciones con los ayuntamientos", explica, "cuando éstos eran incapaces de cubrir estos servicios sociales. Se trata de un labor de refuerzo, no de duplicación, el trabajo es coordinado con los municipios para aliviar la sobrecarga".

Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aseguran estar a la espera de que los 18 ayuntamientos afectados les remitan información sobre el coste de prescindir de los servicios de los 61 trabajadores despedidos. El 20 de noviembre recibirán al comité de empresa del Consorcio y, después, se reunirán con la conselleira de Traballo, Beatriz Mato. "Queremos hablar primero con todas las partes", aducen.

Pese a que el Gobierno, por boca de la secretaria general de Familia, Susana López Abella, expuso que funcionarios y técnicos del departamento se encargarán de las tareas de los locales I+B, para la sindicalista Laura Estévez "es imposible que asuman toda esa carga de trabajo". "Como mucho, harán publicaciones y panfletos, pero ya no habrá interacción directa con las personas", consideró. CIG ha convocado una huelga en todos los organismos del Consorcio Galego (oficinas I+B, escuelas infatiles, centros de día), donde ostenta mayoría en los cuatro comités de empresa.

El secretario general de Comisións Obreiras en Galicia, Xosé Manuel Sánchez Aguión, calificó ayer los despidos de los 61 trabajadores de "horribles". Junto a él, el líder de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez remitió la decisión de la Consellería de Traballo a "una revancha" contra la Xunta bipartita. "Han despedido a esos 61 empleados de forma sectaria", arremetió, y comparó la situación, informa Europa Press, con la rescisión de contrato efectuada a 500 personas empleadas por el anterior Gobierno para limpiar montes y así prevenir incendios.