Vecinos del Onyar se niegan a sufragar la reforma de las casas

La primera tanda de reformas está lista. Dieciséis de los 83 edificios de colores que se asoman al río Onyar por el lado este en Girona se están sometiendo a un lavado urgente de cara, de acuerdo con los propietarios. Los operarios montan ya los andamios para pintar fachadas, adecuar cubiertas y poner al día los elementos fuera de normativa. Pero el futuro de las siguientes reformas previstas por el Ayuntamiento en la zona es incierto. La asociación de vecinos de la Rambla y Argenteria, que agrupa al resto de los propietarios de las casas del Onyar, se niega a pagar la pintura y la carpintería. Considera que es una operación turística y que le toca al Ayuntamiento correr con los gastos.

"Una cosa es un problema estructural del edificio, otra que nos hagan pagar la renovación de la imagen de la ciudad", se queja el portavoz de la asociación, Josep Lluís Quintana. "¿Cada 25 años tendremos que hacer esto? No parece justo que, además de la hipoteca, tengamos que pagar un extra para dejar las casas bonitas", añade. Quintana explica que muchos propietarios no pueden hacerse cargo de los gastos. La mayoría tienen los pisos alquilados con rentas antiguas o incluso vacíos. El 42% de las viviendas están desocupadas, según datos del propio Ayuntamiento, y en el 70% de los casos los edificios pertenecen a una sola persona.

El concejal de Urbanismo, Joan Pluma, defiende que es la obligación de los propietarios mantener las casas en buen estado. "Si están en buenas condiciones, nadie les va a pedir nada", dice. Si no, las casas tendrán que ser reparadas obligatoriamente. "Si los vecinos no llegan a un acuerdo comunitario, tendremos que hacer requerimientos uno a uno", asegura el concejal.

Dos años atrás el Consistorio empezó a darle vueltas a la necesidad de rehabilitar las casas de colores. Hacía ya más de 25 de la última intervención conjunta en la zona más emblemática de la ciudad. Entonces lo pagó todo la Generalitat. Esta vez, el Ayuntamiento actuó como gestor para poder hacer las obras. Firmó un convenio con el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) por 900.000 euros. El Incasòl paga la mitad de la reforma; el Departamento de Medio Ambiente, a través de subvenciones, el 25%, y el resto, los propietarios. El martes pasado la alcaldesa, Anna Pagans (PSC), inauguró orgullosa el inicio de las obras.