Traballo despide a 61 empleados de servicios sociales

La reestructuración de los departamentos de Benestar y Traballo de la Xunta, en consellerías separadas durante el anterior Gobierno y ahora bajo el mando de Beatriz Mato, ha dado al traste con los empleos de 61 personas. Se trata de los trabajadores de 18 centros de Igualdade e Benestar (I+B) que desarrollaban, mayormente de zonas rurales, cuatro planes relacionados con la inclusión social, el apoyo a familias, la asesoría a adolescentes o el Plan de Igualdade de Oportunidades. Desde la actual Consellería de Traballo e Benestar alegan "duplicidad" en la gestión de los programas puestos en marcha desde las oficinas I+B y contratos "de personal laboral temporal" efectuados por el bipartito. No obstante, prometen, "se prevé incrementar la colaboración" con los cesados "para que puedan prestar más apoyos".

La CIG ha convocado huelga en el Consorcio para el día 24

Así, según la versión de la Xunta, la Secretaría Xeral de Familia e Benestar, dirigida por Susana López Abella, asumirá el Plan Galego de Inclusión Social, el Plan Integral de Apoio ás Familias y el Plan Estratéxico Galego de Infancia e Adolescencia, antes tratados desde los centros I+B. El Plan de Igualdade de Oportunidades pasará a la Secretaría Xeral de Igualdade, ahora integrada en la Presidencia del Gobierno. Susana López Abella, la número dos de Traballo, comunicó los despidos y las modificaciones ayer a los sindicatos y al presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Les aseguró, a mayores, que "se mantiene la actuaciones enmarcadas en el campo de la familia y en el de la infancia, y serán desarrollados por técnicos de la consellería en colaboración con los ayuntamientos y para evitar duplicidades".

Pero la CIG, sin embargo, lee la cuestión de otra manera. Los tres planes en los que trabajaban 61 personas llegaban a "91 municipios". "Es un paso más en el grave deteriorio de los servicios sociales que está dando", señaló el sindicato en un comunicado, "se trata, ni más ni menos, del desmantelamiento de un servicio necesario". La central nacionalista anunció, además, una huelga de los empleados del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar y de las oficinas I+B para el próximo 24 de noviembre. La tabla reivindicativa reclama la "aplicación inmediata del convenio colectivo del Consorcio, firmado entre el propio organismo y los sindicatos, y que se contemplen en los Presupuestos las partidas necesarias para hacerlo efectivo". Lo mismo exigen para los centros I+B y "que se resuelvan todas las irregularidades que se dan en la actualidad y que tienen que ver con la gestión de listas, sustituciones o coberturas de bajas".

El BNG también llevó la situación de los 61 despedidos por la Consellería de Traballo e Benestar al Parlamento. Según la diputada nacionalista Ana Pontón, "los contratos de las trabajadoras no tenían fecha de caducidad, por lo que se trata de una decisión política del PP que sigue eliminando derechos". Pontón recordó que desde los locales I+B "se realizaba la labor fundamental de acercar información sobre igualdad a las mujeres del rural gallego, que antes no contaban con este servicio".