La implacable juez San José

Todo partió, de nuevo, de las escuchas telefónicas al alcalde de Castro de Rei, el socialista Juan José Díaz Valiño. Varias conversaciones entre éste y la vicepresidenta segunda de la Diputación de Lugo, la socialista Lara Méndez, sobre la contratación de un peón forestal y la concesión de una ayuda pública desencandenaron, el pasado lunes, otra espectacular actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la ciudad, Estela San José. Junto a Lara Méndez, la magistrada ordenó detener a un ingeniero y una técnico de empleo de la Diputación. En el caso de la vicepresidenta, la juez pidió su arresto por encontrar "indicios suficientes" de "delitos contra la administración pública". Méndez y la otra funcionaria pasaron la mitad del día aisladas en un calabozo policial. El interrogatorio duró apenas 15 minutos y ambas salieron en libertad.

Lara Méndez y una funcionaria fueron aisladas en los calabozos policiales

Según fuentes conocedoras de la investigación, el alcalde de Castro de Rei y diputado provioncial lleva alrededor de un año con el teléfono pinchado. El contenido de esas conversaciones permitió a la juez San José poner en marcha la redada en Castro de Rei y prolongarla en la Diputación, mientras se extiende la psicosis entre cargos públicos de Lugo, que en los últimos días confiesan sus reticencias a hablar por el teléfono móvil.

En los pinchazos, la juez dio con una conversación en la que supuestamente Díaz Valiño intercedía ante Lara Méndez por un vecino de su municipio que optaba a una plaza de peón forestal en la Diputación. El contrato nunca llegó a realizarse. En otra conversación intervenida, Méndez explica al alcalde que el aspirante no logró superar el concurso de méritos, según fuentes próximas a la investigación. La juez también interrogó a la vicepresidenta por otra llamada en la que el alcalde le solicitaba que concediese una subvención de 3.000 euros a una determinada agrupación vecinal de su municipio.

No hubo más preguntas por parte de la juez San José, según las fuentes consultadas. En 15 minutos quedó en libertad, tras un día que, según confesó a la salida del juzgado, "no se lo deseo a nadie". Méndez, que ayer retornó a la normalidad e incluso asistió a un pleno del Ayuntamiento de Cervo, del que es concejala, estaba llegando el pasado lunes a Lugo para acudir a su despacho cuando recibió una llamada telefónica para comunicarle que estaba detenida. Fue llevada a comisaría, donde le tomaron las huellas y la ingresaron en un calabozo. En otra celda quedó encerrada una funcionaria de su departamento, detenida cuando salía de dejar a su hija en la guardería. Ambas salieron sobre las 2 de la tarde para colaborar en el registro que la juez realizó en parte de las dependencias del complejo de Santa María, en el que Méndez tiene su despacho.

Alrededor de las 7 de la tarde, ambas fueron llevadas al juzgado. Terminado el registro, San José comentó que no iban en condición de detenidas, sino para declarar acerca de las diligencias que se habían abierto por el caso de Castro de Rei. Ya entrada la noche, las dos mujeres, junto con el otro funcionario, pudieron irse a casa.

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, pidió ayer en Santiago que se respeten las investigaciones judiciales en el caso de Castro de Rei, pero también los "derechos constitucionales" de los detenidos. El ministro de Fomento negó que la corrupción urbanística haya llegado a Galicia. "No hay nadie imputado por este delito y hay personas que han salido en libertad sin cargos tras declarar", matizó. Según Blanco, "no hay más corrupción que antes, sino más y mejor lucha gracias a policías y jueces". En Lugo, el vicepresidente primero de la Diputación y portavoz comarcal del BNG, Xosé Antón Bao, reclamó que "mejor mañana que pasado" se aclaren las acusaciones judiciales. Según Bao, es necesario saber "qué es lo que realmente se está imputando y si hay algo imputable a todos los que están siendo investigados".