Orihuela cobra a un noruego el IBI de casas ajenas
El listado de abusos urbanísticos al amparo del caótico desarrollismo que empezó a germinar en la provincia de Alicante a finales de los sesenta es interminable. Y entre los damnificados, los extranjeros, básicamente ingleses y nórdicos, ocupan un lugar preferente. En esta situación se encuentra el ciudadano noruego Kristen Follestad, propietario de una parcela en la urbanización Villa Martín, en la costa de Orihuela. Follestad, a pesar de que no ha construido nada en el suelo, está pagando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente viviendas de una urbanización y campo de golf contiguos.
El ciudadano nórdico adjunta documentación oficial del pago de ese impuesto entre 2000 y 2009 por un total 2.081 euros. Y todo ello pese a una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de febrero de 1997 que aceptó su queja y determinó que no debía pagar IBI por su propiedad.
No obstante, el Ayuntamiento de Orihuela no ha corregido los datos reales de la propiedad del suelo del ciudadano noruego y sigue emitiéndole un recibo de la contribución urbana por la totalidad del terreno.
Follestad denuncia que el origen de su problema se remonta a la ampliación del plan parcial de Villa Martín, del promotor Antonio Pedrera, que incluyó tres viviendas para una tercera fase de una de las urbanizaciones previstas y un campo de golf. El consistorio autorizó el proyecto, que modificaba el plan parcial de 1973, en 1990.
Esas tres casas se levantaron sobre suelo de Follestad, quien, como consecuencia del retranqueo, también perdió otra parte de terreno lindante con un campo de golf. "La urbanizadora Villamartín, SA, amplió ilegalmente el proyecto Fortuna III, que consta de 16 viviendas unifamiliares, mucho más allá del tamaño de su parcela y sin acogerse a la licencia de obra que corresponde a la escritura de la comunidad", explica el afectado. "La ampliación ilegal ha dado como resultado que tres de las viviendas unifamiliares de Fortuna III invaden nuestra parcela", añade.
La ampliación de la urbanización Fortuna III se ejecutó a finales de los ochenta y principios de los noventa, "con el consentimiento de los amigos del promotor, Luis Fernando Cartagena y José Manuel Medina, entonces alcalde y concejal de Urbanismo, respectivamente", precisa Follestad. "La construcción ilegal se llevó a cabo a pesar de mis protestas y un informe de la Brigada Urbanística", añade el ciudadano noruego. El denunciante señala que con el objeto de ocultar las construcciones ilegales en su parcela, "se midió nuestro terreno sobre la base de fotos áreas y no de acuerdo con los datos reales escriturados".
Follestad asegura que ha puesto los hechos en conocimiento del Ayuntamiento y de los dueños de las tres casas. "Éstos han rechazado todos mis intentos de informarles del problema, pese a que están disponiendo de viviendas unifamiliares en mi parcela y a mi costa", explica.
En paralelo a la vía administrativa para no pagar el IBI por la totalidad de la parcela, Kristen Follestad también denunció los hechos al juzgado por la vía penal. No obstante, esta denuncia fue archivada.
